MEXICO D.F.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México equivalente al Ministerio de Exteriores ha anunciado que Asier Arronategi, Axun Gorrotxategi, JonArtola, Félix García, Ernesto Alberdi y Joseba Urkijo serán extraditados al Estado español en un lapso de «aproximadamente dos o tres semanas», según informó el rotativo “La Jornada”.En una rueda de prensa, el canciller ministro Luis Ernesto Derbez manifestó que basta concluir un par de trámites para dar cumplimiento a la solicitud del Gobierno español. El anuncio se produce después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación negase, con una votación de ocho votos contra tres, el amparo solicitado por los seis presos.
La SRE indicó que el siguiente paso es esperar la notificación que la Suprema Corte haga a la Cancillería para que ésta, a su vez, ponga a los vascos a disposición de la Procuraduría General de la República y se proceda a su inmediato traslado. Según estos cálculos, el papeleo una vez recibida la sentencia definitiva de la Corte no se demorará más de tres semanas.
En su comparecencia, Derbez reiteró que firmó la orden de extradición previamente a la promoción de los amparos por parte de la defensa de los seis vascos presos. «¡Espero no volverlo a hacer!», subrayó.
Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) una de las tres fuerzas políticas más importantes del país señaló a través de una nota que en los dos años que ha durado el proceso judicial se demostró que existían «múltiples violaciones procesales y constitucionales», y que con la extradición «prácticamente se les conduce a la tortura».
«Hacemos un llamado a la Suprema Corte para que retome sus pasos y retorne a la función para la cual fue creada: la aplicación de la Justicia», apostilló esta formación.
Su diputado Francisco Saucedo afirmó que la decisión de extraditar a los seis ciudadanos vascos vulnera al menos tres artículos de la Constitución mexicana, entre ellos el referente al riesgo de malos tratos. «Recordemos que aquel país en referencia al Estado español cuenta con un expediente importante de tortura tanto en los informes anuales de la ONU como en los de Amnistía Internacional», adujo Saucedo.
El eje jurídico sobre el que ha pivotado todo este caso es la modificación del primer protocolo del Tratado de Extradición México-España, realizada en 1997. En dicho acuerdo se omite la necesidad de que el Gobierno español tenga que presentar la documentación que acredita el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad de los acusados. Un punto cuya «constitucionalidad» es puesta en entredicho por muchos juristas y políticos mexicanos.
Este argumento fue uno de los utilizados por los magistrados Genaro Góngora, José de Jesús Gudiño y José Ramón Cossío para posicionarse a favor de la concesión del amparo durante la vista celebrada el pasado jueves.
Pero la mayoría de los jueces de la Corte Suprema opinó que la documentación ofrecida por las autoridades judiciales españolas era suficiente para documentar que hay elementos para actuar penalmente y que, en todo caso, existe la estructura legal en el Estado español para que lleven a cabo una defensa adecuada de su situación.
«Ficticia e incierta»
Asimismo, los proclives a conceder el amparo apelaron al «riesgo de torturas», apoyándose para ello en informes de diferentes organismos internacionales. Pero para la mayoría de los jueces, el temor a los malos tratos es en este caso una postura «ficticia e incierta». Tampoco fue tomado en cuenta el hecho de que en ninguna parte de su petición de extradición el Gobierno español haya precisado la fecha exacta en que se habrían cometido los delitos de que se les acusa «asociación ilícita e integración en organización terrorista», «allegamiento de fondos con fines de terrorismo» y «blanqueo de capitales procedentes de actividades terroristas», lo cual era fundamental para que la Corte analizara si éstos habían prescrito. La mayoría sostuvo que se trataba de delitos «continuos» y que, por tanto, no operaba la prescripción.
