El PP está en su derecho de oponerse a que en Euskal Herria se dé un proceso de paz y normalización democrática. A fin de cuentas, su proyecto ideológico se basa en la imposición de la unidad de España y, por lo que se ve, está dispuesto a pagar el precio político que sea por mantenerlo. Por lo tanto, el PP también está en su derecho de opinar lo que quiera sobre los agentes intervinientes en ese proceso. Le ampara el ejercicio de la libertad de expresión que durante tantos años la derecha española ha negado a los demás. A estas alturas, ya nadie se va a escandalizar por lo gruesos que sean los calificativos, e incluso los insultos, que se dediquen unos a otros en el escenario público de la política. Pero como dice la máxima periodística, que en este caso puede aplicarse a todos cuantos se expresan a través de los medios, «las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados». Anteayer, cuando María San Gil sugirió que el debate que se daba en el PSE sobre la posibilidad de romper los pactos municipales con el PP podía ser una petición de Batasuna, y por poner una imagen al acto la situaba en la reunión mantenida el pasado 6 de julio entre delegaciones lideradas por Patxi López y Arnaldo Otegi, todavía se movía en el terreno de las opiniones. Se trataba de una de esas maldades habituales en los cruces dialécticos entre partidos. Ayer, cuando Leopoldo Barreda afirmó que su partido «sabe» que esa exigencia se ha dado, el PP traspasó el umbral de los «hechos sagrados».>>>

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