Desde noviembre del pasado año se sigue en la sede especial de la Audiencia Nacional española el juicio por el sumario 18/98 contra decenas de ciudadanas y ciudadanos vascos a los que se pretende condenar por formar parte de colectivos que han sido criminalizados por ese mismo tribunal por realizar actividades públicas, en una u otra medida, a favor de la construcción nacional de Euskal Herria. Condena que los procesados ya comenzaron a cumplir hace más de ocho años, periodo en el que, como ha quedado reflejado en sus testimonios, han sufrido persecución policial, cárcel, torturas, indefensión judicial... y todavía hoy continúan viendo cómo se ponen en cuestión sus derechos por parte de la propia Sala y cómo se les impide desarrollar una vida personal y profesional digna.

Ayer se retomó el juicio, tras el paréntesis estival decretado por el tribunal, sin que los más influyentes medios de comunicación españoles dedicaran siquiera unos breves comentarios a lo que, desde sus propias páginas o emisiones, se calificó anteriormente de «macrojuicio contra el entorno de ETA». Este no es un hecho insignificante, puesto que refleja el escaso interés que esos medios tienen por trasladar a la opinión pública española no sólo los argumentos de las personas juzgadas, o los que las acusaciones dirigen contra ellas, sino que ni siquiera consideran interesante trasladar a la ciudadanía la imagen real del funcionamiento del «Estado de derecho». Probablemente no desean hacerlo porque les sería muy complicado defender desde premisas democráticas la actuación de los aparatos judiciales, policiales y políticos en su lucha contra quienes trabajan, con luz y taquígrafos, a favor de Euskal Herria. Esta actitud «periodística» viene a remarcar, además, lo que ayer pusieron en evidencia políticos y periodistas europeos, que en el Estado español se condena a los vascos desde el momento en que son detenidos y/o imputados por un juez de instrucción, y que luego son conducidos ante un tribunal especial que subvierte las bases del Derecho y trata a las personas procesadas como reos de delito, en lugar de garantizar su presunción de inocencia.

Por todo ello, a partir de ayer se vivirán nuevos capítulos de este despropósito político-judicial, sin que el Estado español dé la mínima muestra de que está dispuesto a respetar los derechos de Euskal Herria y los de sus ciudadanas y ciudadanos. -