Arranca hoy en Madrid el juicio contra dieciocho ciudadanos vascos detenidos en el marco de una serie de siete redadas que las autoridades españolas no dudaron en calificar de «preventivas» y que, entre 2003 y 2005, arrojaron un balance de 116 personas detenidas. De ellas, 103 están imputadas. Algunas llevan tres años y medio en prisión preventiva, a la espera de juicio.

La primera redada tuvo lugar los días 19 y 20 de febrero de 2003. Llevada a cabo por la Policía española, se saldó con 15 arrestados y 18 registros. El operativo fue ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien les acusó de «colaboración con ETA» porque, según aseguró, sus nombres aparecían en la documentación incautada a los presuntos «responsables del aparato de captación» de la organiza- ción armada.

Catorce de ellos comparecieron ante el juez el día 22. Once ingresaron en prisión, no sin antes haber denunciado, en la mayoría de los casos, haber sido víctimas de malos tratos físicos y sicológicos. Golpes, insultos, prácticas como «la bol- sa», amenazasŠ Iñaki Ramos, de Barakaldo, compareció en tal estado de nerviosismo que su declaración tuvo que ser interrumpida durante una hora.

La decimoquinta persona arrestada, la donostiarra Arritxu de Andrés, fue encarcelada un día más tarde en Soto del Real. Tras la detención, sus allegados habían encontrado en su vivienda una nota policial en la que se podía leer: «Grazie, arrivederci». Garzón la mantuvo incomunicada hasta el 3 de marzo, con lo que estuvo 13 días sin contacto con su letrada o familia. De Andrés denunció haber sufrido malos tratos y amenazas con carácter sexual durante su estancia en dependencias policiales.

La segunda operación de características similares, también ordenada por Garzón y llevada a cabo por la Policía española, se produjo el 1 de abril de ese mismo año. El número de personas detenidas en este caso ascendió a nueve. En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía del País Vasco destacó «el carácter efectivo y preventivo de estas operaciones, que están permitiendo detener a un número considerable de individuos, en buena medida en su fase inicial de actividad terrorista». La agencia Efe, citando fuentes jurídicas, llegó a apuntar que algunos de los arrestados «aún no habían sido contactados por ETA».

El entonces ministro de Interior español, Angel Acebes (PP), manifestó que este operativo era «un golpe muy duro al intento de la banda terrorista de reconstituir su aparato de apoyo y colaboración en España». Un argumento casi idéntico al empleado unos meses antes y al que utilizaría en redadas posteriores.

Cuatro de esas personas quedaron en libertad ­una el día 3 y tres el día 4­, mientras que las otras cinco ingresaron en prisión preventiva. La jornada posterior a los arrestos, el presidente del Gobierno navarro, Miguel Sanz, ya se había encargado de calificar a todas ellas como «criminales».

Tanto Kristina Montoia ­en libertad­ como Unai Dañobeitia ­encarcelado­ denunciaron torturas. La primera narró haber sido objeto de prácticas como «la bolsa», simulacros de ejecución, amenazas sexualesŠ El segundo relató golpes en la cabeza y en los testículos.

En el auto que hizo público ese día, Garzón emitió además una orden internacional de busca y captura contra Unai Berrostegieta, bajo la acusación de «tener documentación relacionada con Segi». El joven de Gasteiz fue detenido en Donibane Lohizune por la Policía francesa el 28 de enero de 2005. El 15 de abril fue entregado al Estado español, en lo que fue la primera aplicación de la euroorden.

Berrostegieta, junto a los doce encarcelados de la primera redada y los cinco de la segunda, se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional a partir de hoy. De todos ellos, sólo dos se encuentran actualmente en libertad bajo fianza: Arkaitz Rodríguez y Aiora Epelde. -

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