Hace unos días, el alcalde de Donostia, Odón Elorza, vino a defender que, de dar un paso en el reconocimiento de los derechos de los presos vascos, mejor no hacerlo bajo presión. El planteamiento del electo del PSE permite hacer varias lecturas. ¿Quiere decir el primer edil de la ciudad de la que es vecino Iñaki de Juana Chaos que el acercamiento debía haberse producido meses atrás? ¿Quiere decir que dar un paso hoy en el respeto a los derechos de los prisioneros sería interpretado como una cesión porque la protesta de De Juana ha elevado la temperatura en la calle?

Lamentablemente, la gravedad de la situación no hace muy oportunas las disquisiciones en clave de interés político y partidario. Cuando la propia Fiscalía pide medidas de urgencia ante el deterioro del estado de un preso en huelga de hambre desde hace hoy 58 días, la pretensión de abordar este caso desde el punto de vista de la conveniencia, del momento, del contexto... sólo conduce a un callejón sin salida. Y, sin embargo, se impone encontrar soluciones, máxime cuando la conculcación de derechos de los presos y las presas políticas se ha convertido, como lo reconoce cualquier interlocutor pegado a la realidad política vasca, en un problema mayor cara a abordar una nueva etapa. No se trata de poner condiciones previas ­máxime cuando los intentos de cambios de guión se han demostrado tan contraproducentes para el arranque del nuevo proceso político­ sino de constatar que es posible alcanzar un desbloqueo, también en la cuestión de los presos políticos vascos. Y es obvio que ello ayudaría además a desatascar, en un ambiente más propicio, los auténticos nudos del conflicto político.

En el seno de la sociedad vasca, el referente a tener en cuenta en la toma de decisiones, existe un consenso amplio por la repatriación, la excarcelación de los presos enfermos, de los que han cumplido las tres cuartas partes de su condena... La base de acuerdo es plural y sostenida en el tiempo, como lo demuestra la acción del Foro de Ibaeta.

De otra parte, la legislación permite avanzar en el respeto a los derechos de los presos y su aplicación no podría entenderse como una cesión, ya que cuando se adopte llegará con años y hasta décadas de retraso sobre lo que desea la mayoría política y social de este país. No hay callejón sin salida, hay alternativas más justas y humanas que alimentar por la fuerza a una persona que, con la ley española en la mano, debería estar fuera de prisión. -