Los próximos días 4 y 5 de diciembre van a ser juzgadas en la Audiencia Nacional trece personas a las que se les imputan delitos de «colaboración» y « pertenencia a banda armada». Las acusaciones se basan en las declaraciones de los detenidos, que denunciaron haber sido torturados durante su estancia incomunicada en manos de la Guardia Civil. Imagen de aquellas denuncias fue el rostro irreconocible de Unai Romano, fotografía que conmocionó a cuantos la observaron. Ante el inicio de este juicio, PNV, Ezker Abertzalea, EA yAralar han presentado en el Parlamento de Gasteiz una interesante proposición no de ley, que no se limita a denunciar una vez más la práctica de la tortura, sino que exige que se adopten medidas concretas, como el archivo de los procedimientos judiciales basados en las declaraciones obtenidas con malos tratos y la disolución de la propia Audiencia Nacional, a la que acusa de practicar la «justicia del enemigo». Pero hay otro punto de extrema importancia, la demanda al Gobierno español (que debería extenderse también a otros ejecutivos, como el de Lakua) del reconocimiento político de la existencia de torturas como vía para el resarcimiento de los afectados. Es demasiado común que cuando se aborda la cuestión de las víctimas del conflicto se mire exclusivamente hacia un lado. Por eso es importante que las víctimas causadas por el Estado empiecen a entrar también en la agenda institucional. -