La gran manifestación que que recorrió ayer las calles de Gasteiz fue un grito a unas administraciones que hacen oídos sordos a la creciente oposición a un proyecto entre cuyas características destaca su carácter neoliberal. De un lado porque se trata de una imposición que ha hurtado el debate e incluso la información clara a la sociedad; de otro por ser una infraestructura incompatible con el respeto al medio ambiente y que supondrá un desembolso descomunal a las administraciones, es decir, a los ciudadanos, y un negocio millonario para la llamada industria del cemento. Todo ello sin solucionar el problema de fondo del transporte.

Tras las numerosas movilizaciones realizadas anteriormente en pueblos afectados por el TAV y las consultas realizadas en el concejo de Urbina y en los de Gasteiz, los miles de ciudadanos que acudieron al llamamiento de la plataforma AHT Gelditu! Elkarlana mostraron claramente que no están dispuestos a ser espectadores pasivos de unas obras que las instituciones han decidido en contra de la voluntad de gran parte de la sociedad vasca.

Si el proyecto en sí resulta cuestionable, el procedimiento para su aprobación y ejecución no puede tildarse sino de antidemocrático. Puede decirse que las obras han comenzado a escondidas, si bien la cantidad de policías de diferentes cuerpos y vigilantes concentrados en las inmediaciones no han contribuido a guardar el secreto, y sí más bien a importunar a los vecinos y transeúntes. Pero, efectivamente, hasta el viernes no reconoció el Gobierno de Lakua, por boca de su consejera de Transportes, que las obras habían comenzado, y se disculpaba diciendo que el tramo que han iniciado es responsabilidad del Gobierno español. Al parecer, ése es el proyecto estratégico para el país del que alardean. Ese es el patrimonio de los vascos: la gestión del que en realidad es patrimonio de otros.

Hay cuestiones, y ésta es una de ellas, que requieren algo más que un voto cada cuatro años, un voto que puede volverse contra quien lo ha emitido. En concreto, en este caso, si las instituciones, además de decirlo quieren demostrar su carácter democrático, no tienen otra opción que paralizar las obras, informar debidamente a la sociedad y abrir la vía del debate y el acuerdo. Y, si fuera necesario, la consulta popular. En caso contrario seguirá teniendo enfrente la oposición y la contestación de la sociedad vasca, y no da la impresión de que ésta vaya disminuyendo, sino todo lo contrario. -