Hoy se cumple una semana desde la explosión de una furgoneta bomba en la T-4 del madrileño aeropuerto de Barajas. El atentado, atribuido a ETA, provocó el derrumbe del párking de la terminal y a resultas de la explosión perdieron la vida dos ciudadanos ecuatorianos.

Pese a las apuestas por la ruptura del diálogo, escuchadas en las primeras horas tras el atentado, hoy sabemos que representantes de Batasuna han mantenido contactos con el lehendakari Juan José Ibarretxe, así como con sendas delegaciones de EA y PNV. Ello cara a hacer una reflexión sobre el momento por el que atraviesa el proceso y para tratar de encontrar, aunque ello se vea hoy difícil, una respuesta compartida respecto al camino a seguir.

Es inevitable que todas y cada una de las partes hablen entre sí y analicen lo actuado en el periodo anterior al 30 de diciembre, lo que ayudaría a hacer un diagnóstico que, necesariamente, deberá huir de la tentación de atribuir sólo a la otra parte la responsabilidad del revés sufrido por el proceso. Ayer se escuchó la palabra «autocrítica» en boca del secretario de Organización del PSOE, José Blanco. Es la primera vez que se recurre a ese término por parte del partido en el gobierno español, ocupado esta última semana en endosar en exclusiva a ETA la responsabilidad de todo lo que ha pasado. La autocrítica de los distintos agentes implicados es del todo necesaria, como lo es reflexionar con la vista puesta en superar todos y cada uno de los obstáculos existentes. Un gran escollo a superar es la falta de suelo democrático, uno de los factores que ha contribuido a erosionar el proceso. Y en esa labor de sumar obstáculos cabe enmarcar la decisión de la Audiencia Nacional española de prohibir el acto convocado para hoy en el velódromo de Anoeta.

En ese acto, el movimiento pro amnistía debía presentar nuevas iniciativas para impulsar el proceso. Con esta nueva agresión, se hace evidente que habrá que trabajar y mucho para levantar barreras. Esa es una tarea fundamental a abordar, más allá de coyunturas concretas, por parte de los agentes políticos y sociales. Incluidos aquellos que promueven movilizaciones institucionales. En base a lecturas unidireccionales y bajo la excusa de dar voz ­ahora y para esto sí­ a la ciudadanía, buscan sacar rédito de una situación complicada olvidando, quizás, que el derecho de reunión, al igual que otros derechos civiles y políticos básicos, sigue estando vedado para millares de ciudadanos vascos. -