La huelga de hambre que lleva a cabo el preso Iñaki de Juana Chaos ha puesto de manifiesto el alto grado de contaminación política del modelo judicial de excepción refundado en los primeros años de la llamada transición española. Lo que en los últimos treinta años ha sido una evidencia para amplios sectores de la sociedad vasca es hoy una convicción general, hasta el punto de que muchas voces, de Euskal Herria pero sobre todo del Estado español, que han sido bien renuentes a posicionarse frente a los reiterados abusos contra derechos que emanan de esos tribunales, hoy aparecen en la primera fila de la denuncia.

Claro está que esas voces que se alzan contra el traslado de la pelea entre PP y PSOE al mundo de los togados no muestran especial urgencia, ni antes ni ahora, por desmontar un modelo judicial de excepción y, a nada que se rasque, seguramente tampoco aspiran a que en esa regeneración que reclaman se proceda al desmantelamiento de estamentos en los que un juez puede haber sido falangista, no haber adjurado nunca de ese pasado y votar, pongamos el lunes próximo, en favor de que De Juana agote sus días atado a la cama de un hospital por no haber condenado los hechos por los que se le condenó a permanecer en prisión 20 años. Lo que ha cumplido del primer al último día.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española volvió a emplear ayer el inusual sistema de reunirse en pleno para, como hiciera el pasado 25 de enero, ordenar no ya que todo siga igual, sino para abrir la puerta a que todo pueda ponerse mucho peor, en primer lugar para el preso, y por extensión para quienes aspiran a conseguir que el diálogo vuelva a ocupar el lugar preferencial en la agenda política. El lunes otro pleno, el del Tribunal Supremo, se pronunciará sobre el recurso relativo a la condena impuesta a De Juana. Quienes se escandalizan estos días por el juicio a «Charlie Hebdo» por publicar una viñeta insultante a ojos de la comunidad islamista que no olviden que el TS aborda un caso que toca de pleno a la libertad de expresión.