El anuncio de la futura puesta en vigor del gravamen a las viviendas vacías por parte del Gobierno Vasco ha suscitado un intenso debate. El volumen (y el tono) de estas reacciones evidencian la trascendencia del asunto y vuelven a sacar a la palestra una contradicción que los agentes sociales llevan mucho tiempo denunciando: la urgente necesidad social convive con un parque inmobiliario infrautilizado y la construcción masiva de nueva vivienda en gran parte inaccesible.

De hecho, el fenómeno de la vivienda vacía no es coyuntural. En 2001, el Instituto Nacional de Estadística censaba 86.265 pisos desocupados en la CAV. Estudios posteriores han demostrado que existe un mínimo de 54.400 viviendas desocupadas, los 2/3 permanentemente.

¿Qué consecuencias ocasiona esto en la sociedad? En primer lugar, la consecuencia económica: en una situación de gran demanda, mantener esos pisos fuera del mercado provoca un in- cremento de precios. Por otro lado, colabora a continuar por el camino de la construcción masiva de nueva vivienda.

¿Cómo se consigue que estas casas salgan al mercado? Numerosas voces han señalado como el principal obstáculo la inseguridad jurídica que sufren las personas propietarias a la hora de alquilar su piso, proponiendo cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Medidas como el derecho a rescindir el contrato de alquiler si la otra parte deja de pagar la renta o produce daños en la vivienda, o permitir que la duración del contrato sea menor de 5 años si el dueño o dueña la va a necesitar. Pues resulta que todas las medidas anteriores ya están recogidas en la LAU (Art. 27 y 9). Otra prueba de que esa indefensión no es el obstáculo principal la conforman los datos del programa Bizigune. Este plan de vivienda vacía del Gobierno Vasco sólo ha conseguido captar 2.500 viviendas desde su puesta en marcha en 2003. Es decir, por la vía del incentivo positivo sólo ha aflorado menos del 10% de las casas desocupadas.

Nadie niega que malas experiencias o prolongados procesos judiciales hayan generado dudas, pero situar esto en el centro del debate supone alejarnos de la cuestión principal. Y es que la evolución del mercado inmobiliario ha convertido un piso en una inversión con rentabilidad y seguridad mayor que la bolsa, incluso sin cobrar un renta por su alquiler. A esto hay que unirle que la Administración ha fomentado la compra de vivienda como inversión. No nos referimos sólo a esa familia que trata de asegurar su solvencia económica en la vejez sino, sobre todo, a esos bloques que ciertos particulares y empresas mantienen vacíos fuera del mercado, estrangulando la oferta y empujando los precios al alza (es decir, especulando).

Las casas están construidas para vivir en ellas y la vivienda vacía nos perjudica y por tanto debe de ser penada de manera suficiente para convencer también a grandes propiedades. Y a quienes ven en la Constitución el impedimento para llevar a cabo la medida habrá que recordarles que ésta establece y delimita la función social de la propiedad.

Hay que avanzar en el debate social sobre los grandes parques de viviendas infrautilizadas o segundas residencias en pueblos tradicionalmente de vacaciones. Además de suponer una agresión medioambiental están imposibilitando el acceso a una vivienda a las personas jóvenes que desean seguir viviendo en el lugar donde han nacido y crecido.

Se nos dice, sin embargo, que la definición y el control de qué es una vivienda vacía es otra infranqueable barrera. La Administración ya controla y fiscaliza hechos similares y verdaderamente complejos (Renta Básica o AES). Pero parece que ni la modificación de la Ley de Haciendas Locales, que desde el 2002 permite la recarga en el IBI a pisos vacíos, ni la propuesta de definición presentada en el Organo vasco de Coordinación Tributaria han sido suficientes para que las diputaciones se decidan a regular la vivienda desocupada. Ni siquiera convencen los múltiples ejemplos que podemos encontrar en Europa, referente político en muchos otros temas. En lugares como Francia o Reino Unido llevan años definiendo y penalizando los pisos desocupados.

No se trata, en definitiva, de un problema de definición, sino de voluntad política. No existe intención de tomar de una vez por todas la vivienda como un derecho básico (por mucha retórica que se emplee al respecto) y no como un elemento de inversión y acumulación de capital. Todo ello esponsorizado por un conjunto de intereses económicos de bancos, cajas, promotoras, constructoras e inmobiliarias que siguen presionando con éxito para mantener un modelo habitacional basado en la construcción masiva de nueva vivienda, a costa de la salud de nuestros bolsillos y nuestro medio ambiente.