Si hay un episodio revelador del alcance de aquella redada que se juzga ahora en Madrid, diez años después, es el del día 21 de enero de 1997. La oleada de detenciones se había iniciado tres semanas antes y cada arresto traía otros nuevos. Once jóvenes de Atarrabia conocieron que estaban siendo buscados por la Policía y decidieron acudir juntos a la Audiencia de Iruñea para presentarse voluntariamente ante el juez. Pero las FSE tenían otros planes para ellos: los detuvieron en el camino y los llevaron a Madrid tras incomunicarlos.

De este modo fue tomando cuerpo el sumario llamado 8/97, que en su día llegó a tener 26 imputados. Finalmente, son doce los que se sientan en el banquillo de los acusados en Madrid, una década después, en una vista que ha sido interrumpida ahora por la recusación de uno de los jueces y en la que la petición fiscal asciende a 401 años.

Muchos de los detenidos, entre ellos la mayor parte de aquellos jóvenes de Atarrabia, eran menores de edad. Tras una imputación inicial, finalmente fueron sacados del procesamiento, pero ahora han sido citados a declarar como testigos en el juicio. Así las cosas, el movimiento pro-amnistía considera evidente que en realidad fueron utilizados para arrancar inculpaciones contra los detenidos mayores de edad.

«Creí que me moría»

Los testimonios prestados ya entonces y recopilados ahora en un completo informe resultan más que clarificadores. David Abarzuza, por ejemplo, contó que una vez en comisaría «comenzaron a apretarme y golpearme los testículos, el cuello, los costados, y apretarme las esposas hasta que me producían un dolor enorme. Después comenzaron a retorcerme y apretarme las manos y los dedos. De ahí ya pasaron a aplicarme la `bolsa'; la primera vez lo pasé muy mal, pero la segunda devolví y creí que me moría. Aun así, me la volvieron a aplicar y otra vez volví a vomitar, pero esta vez creo que llegué a perder el conocimiento, porque ellos estaban muy asustados y me llevaron a toda prisa al médico».

Otro de los menores, que quedó libre bajo fianza de 250.000 pesetas, narraba así su calvario: «Al ver que no reconocía sus falsas acusaciones, [un agente] llamó a un policía que supongo que estaría detrás mío y le dijo que hicieran conmigo lo que quisieran. De nuevo fui conducido a una de las habitaciones de arriba, donde me volvieron a poner la bolsa durante media hora. Después me la quitaron para hacer amagos de que me tiraban contra el cristal de un balcón. Las patadas, los puñetazos, las amenazas de que me iban a inyectar el sida eran constantes».

Juan Pablo Montoya acababa de cumplir los 18 años, lo que al parecer ha sido decisivo para que sí se siente en el banquillo de los acusados, y con una petición fiscal de 56 años de cárcel. Su relato, por lo demás, es muy parecido a los anteriores: «Me `asomaron' a la ventana, que daba a la calle, y me dijeron que como no hablara me iban a tirar. Que dirían que me suicidé (...) Al resistirme y agarrarme a él por la camisa, sacó un pequeño revólver y echó para atrás el percutor. En ese momento, su compañero cerró la ventana y rápidamente le quitó el revólver. Yo me quedé en el suelo recibiendo golpes».

La oleada de arrestos no cesaría hasta seis meses después. En ese tiempo se patentó la teoría de los «grupos Y»; no sirvió de nada que los jóvenes insistieran en que sólo compartían cuadrilla de amigos. A finales de 1996, un nuevo grupo de cien policías había llegado a la comisaría de la calle General Chinchilla de Iruñea. Uno de ellos reveló que les ordenaban al menos diez detenciones por semana, según denunció Gurasoak. Incluso en una de los concentraciones semanales de Senideak 50 familiares acabaron en comisaría. El delegado del PP, Francisco Javier Ansuátegui, llegaba con la triste vitola de haber cargado hasta contra el Olentzero en una etapa anterior en el cargo. Como si quisiera regodearse en quienes se lo reprochaban, volvió a hacer lo mismo.