La muerte de un preso encarcelado en Langraiz el pasado día 11 de este mes sigue dando qué hablar. En este caso, ha sido Salhaketa, organismo que trabaja en favor de los derechos de los presos, el que ha aportado un nuevo dato sobre el fallecimiento de esta persona, al informar de que la muerte le llegó estado internado en el hospital Txagorritxu de Gasteiz.

Salhaketa mantiene su postura de acatar la petición expresa de la familia del preso de no dar datos sobre su identidad, pero aún así, recuerda que son ya 24 las personas muertas en los dos últimos años «en los centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, o con residencia administrativa en la CAPV muertas en otras prisiones del Estado español».

Aante esta cantidad de fallecimientos, asimismo, el organismo en favor de los derechos de los presos ha llamado la atención sobre las causas «no naturales» de la mayoría de ellos.

Apunta que la mayoría de los casos «podrían evitarse», ya que son casos de jóvenes que «mantienen una relación de sujeción especial con la administración del Estado español», y éste, señala, «tiene la obligación de garantizar, entre otros, el derecho a la vida». Por ello, tildó la situación de «inaceptable».

Preguntas

Ante este nuevo fallecimiento, Salhaketa ha vuelto a pedir explicaciones a la Dirección General de Prisiones, al Ministerio español del Interior y al propio Gobierno del PSOE acerca de lo que tiene previsto para acabar con esta situación.

La primera duda que este organismo plantea es el del número total de muertes, ya que aunque ellos hayan contabilizado 24, no hay datos oficiales al respecto. Además solicita saber las identidades y causas de la muerte de todos ellos. También se refiere a las medidas preventivas establecidas, y pregunta por qué no han excarcelado a las personas en avanzado estado de enfermedad. Además, Salhaketa inquiere también «por qué empeoran las condiciones sanitarias, qué pasa con el hacinamiento, cómo es posible que haya tantas personas con enfermedades mentales graves, por qué no cumple la legalidad cuando beneficia al preso y porqué se excede cuando es en su perjuicio». Sin embargo, lamenta que se quedarán «demasiadas preguntas sin responder», en este sentido.

«Medidas concretas»

Además de plantear esas preguntas que a buen seguro se quedarán sin respuesta, Salhaketa también insta a las autoridades competentes en el tema a tomar «medidas concretas» para hacer frente a la situación.

Al Ministerio Fiscal le exige que «investigue de oficio estas muertes» con el fin de «depurar las responsabilidades políticas, administrativas y penales». Asimismo, califica de «imprescindible» el cierre «cautelar» de las prisiones que no cumplan las condiciones mínimas de habitabiliddad», la «inmediata» reforma de la legislación penal y penitenciaria que «alarga innecesariamente las condenas y restringe el acceso a los diferentes permisos», la reducción del número de presos, para «evitar la actual masificación», la excarcelación de enfermos graves y el final de la incomunicación y aislamiento.