Aguraingo Bidea ha solicitado al Ayuntamiento de la localidad alavesa la retirada del convenio urbanístico del polígono residencial de Harresi Parkea, así como que se replanteen los objetivos en la utilización del 10% de aprovechamiento urbanístico que le corresponde, que son algo más de 1.1 millones de euros para las arcas municipales. La plataforma independentista enmarca su petición en la necesidad de dar un «giro completo» a la política municipal en materia de vivienda.

Desde Agurain Bidea rechazan los planes del alcalde, Iñaki Beraza, de Eusko Alkartasuna, de utilizar los más de 1,1 millones de euros que va a obtener el Consistorio por el aprovechamiento urbanístico del sector Este-1, en nuevas obras de urbanización del pueblo. Por contra, se inclinan por invertirlos en medidas de apoyo a la vivienda.

Giro en la política de vivienda

Es más, a través de un comunicado, demandan «un giro de 360 grados a la política de vivienda del Ayuntamiento que en lugar de tomar medidas para paliar la necesidad de vivienda, desvía los réditos que el urbanismo genera para financiar otro tipo de obras».

Con la importante inyección económica que van a recibir las arcas consistoriales, Agurain Bidea estima que hay que crear un patrimonio municipal de suelo con destino a vivienda, «no mantener una política de VPO sostenida o que el tomar medidas de apoyo a la vivienda de alquiler social sea considerado ciencia-ficción». A su juicio, estos 1,1 millones de euros tienen que ser empleados en la adquisición de suelo, promoción de pisos y garantizar un parque de viviendas de alquiler social en esta localidad de la Llanada.

Frente a esta propuesta, denuncian que el equipo de Iñaki Beraza destina los fondos a otro tipo de obras cuya financiación, en su opinión, puede conseguirse a través de convenios con otras administraciones «que no han sido exploradas».Estos proyectos son de mera urbanización de la localidad.

Asimismo, desde la plataforma independentista ponen en cuestión la gestión del dinero, ya que una parte -482.099,99 euros- lo hará la sociedad mercantil Harresi Parkea, algo que estiman «de dudosa legalidad», ya que escapa, a su juicio, a los mecanismos de control que establece la legislación para las administraciones locales.