El fiscal de la Audiencia Nacional española Vicente González-Mota redujo de 401 a 95 años la petición de prisión contra los doce acusados de participar en acciones de kale borroka. El Ministerio Público justificó su decisión argumentando que los actos «no fueron realizados por pertenecer o colaborar en la organización terrorista ETA».

Este cambio de criterio por parte de la Fiscalía durante la sesión del juicio celebrada ayer supone retirar la acusación de «colaboración» que pesaba contra los encausados. Además, el fiscal retira los cargos contra Asier Varela, a quien en un principio reclamaba 37 años de cárcel, y Mikel Auza, para el que solicitaba otros 10, asegurando que no ha podido ser acreditada su participación en los hechos juzgados en Madrid.

El representante del Ministerio Público, a la hora de exponere sus conclusiones definitivas, pidió también la aplicación de la «atenuante analógica de di- laciones indebidas durante la tramitación de la causa», lo cual significa que las penas que se vayan a imponer finalmente deben tener en cuenta el tiempo transcurrido desde los actos imputados.

Cabe destacar el hecho de que, aunque la petición de condena global haya sido rebajada alrededor de 300 años, algunas de las solicitudes siguen rebasando la década. Es el caso de Arantxa Rus, para quien solicita 19 años de prisión, o el de Juan Pablo Montoya y Oscar Estebaniz, con sendas peticiones fiscales de 16 años.

Una década después

Este juicio, que se inició diez años después de que las FSE llevaran a cabo en Nafarroa una de las mayores redadas conocidas en relación a hechos de este tipo, ha creado revuelo en Euskal Herria. En primer lugar, por la cuantía de la petición fiscal, ya que hasta hora apenas había precedentes que se acercaran a una solicitud como la de este caso: un total de 401 años. Y por otro lado, por el modo de realizar las acusaciones, ya que, según se ha denunciado desde el movimiento pro amnistía en numerosas ocasiones, estas imputaciones están sustentadas «únicamente por las declaraciones obtenidas en el periodo de incomunicación en dependencias policiales».

También han sido numerosas las movilizaciones de protesta llevadas a cabo en Iruñerria desde que diera comienzo este juicio por el sumario 8/97, sin olvidar el trabajo de socialización realizado por Askatasuna con muy diversos agentes, tanto políticos como sociales.