El mundo de las pruebas de ADN ha llegado a todos los hogares y a ser un tema de dominio público a través de series televisivas como la de «CSI Las Vegas», donde la realidad es absorbida por la ficción. En Euskal Herria las pruebas de ADN están siendo utilizadas por la Policía autonómica durante los últimos años para inculpar a multitud de jóvenes en actos de kale borroka. Dichas pruebas no ofrecen una fiabilidad total, como se ha podido comprobar a nivel mundial con casos como el de los 42 militares españoles fallecidos en accidente de avión en Turquía, cuyos restos mortales fueron mal identificados, o situaciones producidas en Estados Unidos que derivaron en sentencias a muerte y posteriormente se certificó el fallo del test genético. Hechos que corroboran opiniones como la del presidente de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense (SLAGF), el bioquímico argentino Gustavo Penacino, quien afirma que «desde sus inicios, los estudios de ADN estuvieron rodeados de un aura de infalibilidad que no estaba de acuerdo con la condición humana de quienes realizaban esos estudios, situación que se mantiene aún hoy en los estrados judiciales».

A principios de esta década la Ertzaintza efectuó numerosas detenciones de jóvenes, especialmente en Bizkaia, relacionados supuestamente con diferentes actos de sabotaje. Tras esos arrestos, muchas de las personas detenidas denunciaron haber sufrido torturas y malos tratos durante el período de incomunicación, tiempo tras el que la Policía autonómica logró un buen número de autoinculpaciones o de imputaciones de los detenidos hacia otros jóvenes. Las mencionadas denuncias suscitaron una enorme controversia y denuncia en la sociedad vasca, hecho que derivó en un cambio de actuación, o más bien de imagen, por parte del Departamento de Interior de Lakua.

Como relató a GARA la portavoz de Gurasoak, Txusa Etxeandia, en aquella época muchos padres vieron vieron que durante los registros policiales a los domicilios de los arrestados «iban a por cepillos de dientes, ropa.... y a Gurasoak llegaron denuncias de jóvenes a los que se paraba en controles de alcoholemia y se les hacía soplar a todos los ocupantes del vehículo, no sólo al conductor, o sabíamos que tras las concentraciones solían llegar ertzainas a recoger las colillas... hasta que empezamos a ver que lo que hacían eran pruebas de ADN que se aportaban luego para inculpar a los chavales».

Pese a la aureola de supuesta infabilidad que acompaña a esos test, las evidencias empezaron a apuntar lo contrario, también en Euskal Herria. Desde Gurasoak, varios padres a titulo individual, así como por medio de los abogados, han realizado diferentes investigaciones sobre el uso de estas pruebas y análisis. «El tiempo nos ha ido demostrando que no tenían una validez legal clara, que ni jurídica ni científicamente esas pruebas de ADN iban muy lejos, pero que se estaban dando por buenas y se estaban extendiendo como la gripe -explica Etxeandia-. No son uno o dos casos, sino que hubo una época en la que tenían el ADN de todos los jóvenes que eran detenidos, y si no las tenían se preocupaban muy mucho de perseguir a los jóvenes para obtener unas pruebas de ese tipo y comprobarlas con otras ya existentes». Pruebas que, a pesar de su homologación judicial, «no se ha demostrado ni de dónde han salido ni dónde se han conseguido».

En el ámbito jurídico el uso de los test genéticos también ha suscitado amplia discusión. Tanto que, en el caso de Orkatz Gallastegi, llegó a haber dos sentencias diferentes. La sentencia en contra del joven de Berango fue enmendada porque las pruebas de ADN fueron consideradas no válidas por parte del Tribunal Supremo español. Esta decisión levantó un gran revuelo mediático y obligó a que 14 magistrados de la Audiencia Nacional tuvieran que reunirse para decidir si continuaban dando luz verde o no a la aceptación de estos análisis genéticos.

Finalmente, se produjola homologación como validos de estos test. Ésta no fue una decisión que sorprendiera a Gurasoak, ya que «aunque en el juicio se había demostrado que era un autentico despropósito cómo se presentaban y conseguían esas pruebas, decidieron validar todas las presentadas por la Ertzaintza. Nosotros ya sabíamos que esto iba a ser así, ya que de lo contrario invalidaba todas las detenciones de la Ertzaintza de los últimos años debido a que era la única `prueba' que podían aportar. Se trató de una decisión política para seguir condenando a los jóvenes que se había detenido y que, muchos de ellos, se encontraban encarcelados».

Condenas seguras

Esta situación ha conducido a que desde las instancias judiciales se acepte, cual tótem infalible, las pruebas de ADN aportadas por la Policía autonómica, lo que prácticamente asegura la condena de docenas de jóvenes antes incluso de comenzar los juicios. De hecho, como denuncia Gurasoak, «desde los ámbitos judiciales los argumentos que se usan son los policiales, que han sido de vergüenza en algunos casos. Los argumentos policiales son que hay una prenda, colillas o cualquier otro objeto que se ha encontrado en lugar de los hechos que se imputaban a los jóvenes y, por lo tanto, se decide que éstas personas han estado en ese lugar, ese día y a esa hora».

Txusa Etxeandia comenta que, además, «en casos donde ha existido una denuncia en la que se dice que 50 0 60 jóvenes tomaron parte en una acción -como pudo ser, por ejemplo, la de Portugalete en la que resultaron heridos dos ertzainas- los detenidos a raíz de las imputaciones de esa acción han sido cuatro únicamente, esos cautro tienen la culpa de todo lo que ha pasado». Y eso puede tener consecuencias graves para las personas encausadas, ya que les puede suponer importantes penas de prisión. Ella explica que las peticiones suelen depender de cuál sea la imputación que la Ertzaintza, pero que también se dan casos de penas de 18 años prisión como la que ha caído recientemente sobre las espaldas de Orkatz Gallastegi. Aún así, la cadena de peticiones y penas puede llegar «hasta la sentencia de 22 años de cárcel a jóvenes que participaron en un enfrentamiento con la Ertzaintza en Portugalete en el año 2001».

Con esos datos sobre la mesa y la duda más que razonable planteada por Penacino y otros expertos como Simon Cole -profesor de Criminología de la Universidad de California en Irvine-, quien cree que en EEUU se estarían produciendo «varios miles de esas incorrectas `concordancias' cada año» al analizar huellas dactilares y ADN. Entonces, ¿quién puede afirmar con rotundidad que el análisis de ADN es totalmente fiable?, ¿quién es capaz de poner el cascabel a lo supuestamente infalible? ¿Una prueba con margen de error puede condenar a 22 años? Las autoridades españolas ya han decidido.

La realidad concluye que decenas de jóvenes vascos se encuentran condenados o en la antesala de serlo en base a la supuesta fiabilidad total de unas pruebas que los expertos subrayan que no son infalibles.