El pasado 14 de marzo, al grito de «Gora Euskal Herria askatuta!», se dio por finalizada la vista oral del sumario 18/98, tras casi año y medio de juicio. No se conoce la fecha en la que los tres magistrados que forman la Sala harán pública la sentencia, y no hay plazo fijado para ello.

El fallo, en cualquier caso y al margen de posibles recursos, no supondrá el cierre de los procesos judiciales abiertos en la Audiencia Nacional española contra empresas, medios de comunicación, organismos sociales y grupos políticos de Euskal Herria, ya que aún quedan muchos nombres en la lista negra que comenzó a redactar hace una década Baltasar Garzón. Son el «+» que da su apellido a los grupos de trabajo 18/98+, los sumarios que parten de la matriz original.

Y es que, partiendo de la misma línea argumental, son varios los procedimientos penales abiertos en el tribunal especial que permanecen a la espera de juicio, la mayoría de ellos iniciados por Garzón, juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, aunque su colega Juan del Olmo -del Juzgado Central número 6-, fue el encargado de la operación que condujo al cierre de «Euskaldunon Egunkaria».

Antes, Jarrai, Haika y Segi fueron juzgadas y condenadas, primero por la propia Audiencia Nacional y luego por el Tribunal Supremo, que convino en calificar a estos organismos juveniles, independentistas y de izquierdas, como «organizaciones terroristas», al tiempo que condenaba a 6 años de prisión a 23 jóvenes vascos.

La Sección Cuarta

La razón de diversificar todos estos procesos judiciales en diferentes sumarios se debe a la voluntad de Garzón, instructor e impulsor de los mismos, de evitar por medio de las normas de adjudicación de casos que los recursos interpuestos en contra de sus actuaciones recayeran en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, que había rechazado sus planteamientos en varias ocasiones y había estimado parcialmente algunos de los recursos presentados por la defensa.

Por eso, las piezas que llegaron a la Casa de Campo de Madrid el 21 de noviembre de 2005 en el sumario 18/98 fueron la de las empresas, la de Orain, la de Ekin, la de Joxemi Zumalabe Fundazioa y la de Xaki. El resto han tenido o tendrán juicio aparte.

El movimiento antirrepresivo fue uno de los objetivos de las operaciones policiales lanzadas por Garzón. El 31 de octubre de 2001 trece personas relacionadas con las Gestoras pro-Amnistía fueron detenidas por la Policía española acusadas de desarrollar «las labores propias de su integración en Gestoras, con conocimiento y conciencia de la integración de la estructura en ETA-KAS-Ekin, actuando todos y cada uno al servicio de la organización terrorista».

A este organismo, el juez español le acusaba de «ejercer el control del colectivo de presos de ETA» y de «garantizar la cohesión interna y la sumisión a la disciplina orgánica de este colectivo a la organización». También imputaba a los detenidos «cooperar en el sostenimiento de los presos y los miembros de ETA huidos y residentes en terceros países»; «coordinar e impulsar formas de lucha complementaria a las de ETA en apoyo a las movilizaciones del colectivo de presos»; y «aprovechar la sensibilidad que suscita la presunta vulneración de los derechos de los presos de ETA para realizar captaciones que regeneran la estructura operativa de ésta». Es el sumario 33/01.

Con estos mismos argumentos, Garzón dictó otro auto dos semanas después imputando a otras 15 personas, y el 19 de diciembre decretó la ilegalización de Gestoras pro-Amnistía. Ese mismo mes fue detenido en Baiona Juan Mari Olano, extraditado posteriormente al Estado español.

En febrero de 2002 fue ilegalizada Askatasuna, como «continuadora» de la labor desarrollada por Gestoras, y cinco personas fueron objeto de una operación policial por su relación con este organismo. En el marco de esta operación fueron registradas tres sedes de Etxerat. En el mismo sumario se produjo un ataque judicial contra varios abogados, cuyos despachos fueron registrados.

Por orden cronológico, el próximo juicio correspondería a este sumario abierto contra el movimiento antirrepresivo.

Herrikos y actuación contra Batasuna

El 29 de abril de 2002 la Policía española detuvo a once personas, a las que la Audiencia Nacional vinculaba con la gestión de las asociaciones culturales, sociales y gastronómicas conocidas como herriko tabernak, que fueron acusadas de «integrar el entramado financiero de ETA». Más adelante, Garzón calificó a las herriko de «instrumento global de lucha al servicio de las estructuras integradas en el MLNV» y ordenó el bloqueo de sus cuentas corrientes. En un auto de mayo de 2003, este juez decretó la administración judicial para 75 herriko tabernak.

Estas actuaciones policiales desembocaron en lo que sería el sumario 35/02 y el 26 de agosto de 2002 el juez Garzón, que relacionaba a las herriko con Batasuna, dictó un nuevo auto en el declaraba la ilicitud de las actividades de la formación abertzale y prohibía todas sus actividades. Hace un año, el juez Fernando Grande-Marlaska prorrogó el contenido de esa orden.

Garzón ordenó también la clausura de todos los locales utilizados por Batasuna, prohibió sus manifestaciones y movilizaciones, suspendió su página web e instó a la Policía española a que elaborara un listado con todas las personas relacionadas con esta formación, desde su fundación hasta ese momento. El mismo día en que cerró los locales de Batasuna, la Ertzaintza también precintó sendas oficinas de Etxerat y de Torturaren Aurkako Taldea (TAT).

El 16 de octubre de ese año el mismo magistrado acusó a Batasuna de «practicar una auténtica limpieza étnica» en Euskal Herria.

Las consecuencias de esta actuación de la Audiencia Nacional, complementada por el Tribunal Supremo un año después, sobre los derechos de reunión, asociación y manifestación, entre otros, aún perduran, como cualquier observador puede confirmar semana tras semana.

Como permanecen siempre, por irreversibles, los efectos derivados del cierre de un medio de comunicación. Si en julio de 1998 fueron «Egin» y Egin Irratia, y luego Ardi Beltza, la noche del 20 de febrero de 2003 la sociedad de Euskal Herria volvió a sobresaltarse al conocer que la Guardia Civil había entrado en las instalaciones de «Euskaldunon Egunkaria». Fue por orden del juez Juan del Olmo. Diez personas relacionadas con el equipo de dirección del periódico publicado íntegramente en euskara fueron detenidas. Otras más lo serían en los próximos días, y el instituto militar español, además de registrar y cerrar las instalaciones del diario, también registró sedes de la Federación de Ikastolas, de las revistas «Jakin» y «Argia», y de otras empresas.

Días más tarde, este país volvió a escuchar el duro relato de ciudadanos vascos que han sido torturados, cuando Martxelo Otamendi, Txema Auzmendi, Joan Mari Torrealdai, Xabier Alegria e Iñaki Uria dieron a conocer el suplicio padecido. Pello Zubiria, además, tuvo que ser ingresado en un hospital.

La Fiscalía pide el archivo del sumario

Este caso vivió en diciembre del pasado año un punto de inflexión, cuando el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Angel Carballo pidió su sobreseimiento provisional al valorar que «no se puede hacer constar la vinculación entre el diario y la acción de ETA». Carballo, de todos modos, no solicitó el levantamiento del cierre del periódico, al haber otra causa desglosada del sumario principal -44/04- que hace referencia a «delitos societarios o contra el patrimonio».

La última de las piezas de este triste puzzle diseñado en la Audiencia Nacional que permanece en pié -algunas han sido archivadas, como la que amenazaba a AEK- es la que se refiere a Udalbiltza. El 29 de abril de 2003 la Policía española detuvo, otra vez por orden de Garzón, a ocho miembros de la institución nacional vasca, como «parte itegrante de la organización terrorista ETA-Ekin». En mayo, el juez imputó en la causa a otras dos personas, entre ellas al presidente de Udalbiltza, Loren Arkotxa.

Si se cumplen las previsiones, todos estos organismos y asociaciones, todas estas personas, deberán pasar el crudo trago que otros muchos vascos han conocido a lo largo de los años en este tribunal de excepción.