Las federaciones de las cofradías de arrantzales, junto a las de pescadores de Galicia, Asturias, y Cantabria se reunieron ayer en Santander para adoptar una postura común sobre la campaña «científica» en el Golfo de Bizkaia, autorizada por la Comisión Europea para determinar la situación del caladero, vedado por la escasez de anchoa.

Los pescadores, que se sienten «impotentes y desasistidos», pedirán una reunión urgente a la ministra española Elena Espinosa para que les explique por qué ha llegado a un acuerdo sobre la campaña científica que perjudica al sector, al haberse permitido que se comercialicen las capturas.

La flota reclamará a Espinosa que exija a Bruselas que rectifique y prohíba la venta de todas las capturas que obtenga la flota francesa, y que imponga sanciones al Estado francés por haber desafiado a la Comisión y al Gobierno español, al haber salido a pescar en un caladero vedado pese a estar prohibido expresamente. La flota del Cantábrico participará en la campaña pero devolverá a la mar todas las capturas y en ningún caso las desembarcará en los puertos.

Los pescadores consideraron que el acuerdo por el que se decidió autorizar una campaña científica tiene «un trasfondo político, porque beneficia al Estado francés, que hace caso omiso de los informes científicos que desaconsejan que participen en la campaña los buques comerciales y pelágicos.

El presidente de la Cofradía de Gipuzkoa, Jaime Tejedor, se preguntó por qué la ministra no defiende a ultranza al sector y denuncia al Estado francés y le advirtió de que si no responde a las demandas de la flota tendrá «una respuesta contundente. Como está la situación puede pasar cualquier cosa», dijo.