LAB afirma que el escándalo de Irun es «la punta del iceberg»
LAB se concentró ayer ante las cuatro haciendas de Hego Euskal Herria por «una política fiscal justa y solidaria» y para denunciar el modelo actual, porque según subrayó, pagan más los trabajadores que los empresarios. El sindicato, que exigió acabar con el fraude fiscal, consideró que el escándalo de la Hacienda de Irun es sólo «la punta del iceberg» y advirtió que detrás del fraude fiscal empresarial está la «colaboración necesaria» de los estamentos políticos.
GARA |
Afiliados del sindicato LAB se concentraron ayer ante las sedes de las haciendas forales de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa para «exigir una política fiscal justa y solidaria» y denunciar «el fraude» que supone para los trabajadores el actual modelo de impuestos, porque «da un trato de favor a las rentas de capital frente a las rentas del trabajo» y porque «favorece el fraude fiscal empresarial».
Estos son dos de los argumentos sobre los que el sindicato abertzale asentó su denuncia, ante el hecho de que «aproximadamente un 80%» del dinero que se recauda mediante la declaración de la renta lo aporten los trabajadores. Frente a ese dato, LAB puso de manifiesto que «la clase trabajadora somos quienes más pagamos y a cambio tenemos unos servicios públicos cada vez más escasos».
Según las cifras aportadas por la misma central, en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, «la declaración media de los trabajadores es de 18.315 euros», mientras «la declaración media por actividades empresariales es de 11.727 euros», y en el caso de Nafarroa, los números reflejan esa diferencia en proporción similar; de 17.758 euros a 13.532.
LAB consideró que «es hora de que esto cambie» y apuntó que para ello es necesario «soberanía fiscal plena, un cambio radical de la política fiscal y la persecución del fraude fiscal». En este último apartado, el responsable de Comunicación de LAB, Txutxi Ariznabarreta subrayó que el fraude fiscal empresarial «es más grave aún» y denunció que «no se hace nada para atajarlo».
Ariznabarreta manifestó que el escándalo destapado en la Hacienda de Irun sobre el robo de fondos públicos no es más que un ejemplo de la realidad que denuncia el sindicato abertzale, y consideró que «todos estos escándalos son la punta del iceberg». «Para que esto salga a la calle qué no habrá», se preguntó, al tiempo que subrayó que fraude fiscal y corrupción política van unidos. «Tiene que haber una colaboración necesaria e inevitable entre los empresarios que hacen fraudes y los estamentos políticos», indicó.
En las movilizaciones de ayer LAB insistió en que el cambio pasa por la soberanía fiscal plena y un trato equitativo para todas las fuentes de renta, y exigió «que las rentas más altas tributen en un porcentaje superior».
«Con una política fiscal propia y adecuada sobraría dinero para hacer muchas cosas en este país», afirmó con rotundidad Ariznabarreta, para aclarar que «con una recaudación adecuada y atajando de raíz el fraude fiscal se podría tener suficiente dinero para plantearse el salario social por encima del umbral la pobreza y llegar a cuotas europeas de gasto social».
Sobre lo que supondría un modelo de recaudación más justo y equitativo, LAB detalló que llegarían más ingresos para «equiparar a la media europea el gasto en educación, sanidad y protección social», así como de reforzar políticas de vivienda.
El sindicato también apuntó que una política fiscal adecuada redundaría en otros gastos enecesiarios como una red integral de servicios socio-comunitarios públicos, planes de igualdad entre hombres y mujeres, programas efectivos de euskaldunización o posibilitarían duplicar la inversión pública en investigación y desarrollo.
Con el objetivo de hacer llegar el malestar de la ciudadanía a las haciendas forales y exigir «una política fiscal justa y solidaria», LAB puso en marcha ayer una iniciativa piloto, «Klik, klik...krak», que pretende hacer llegar a través de la red a los estamentos políticos un aluvión de quejas ante una política fiscal que recauda más entre los trabajadores que entre quienes más ingresos tienen.
LAB denunció que la media de la declaración de los trabajadores supera los 18.000 euros y en cambio la de las empresas no llega a 12.000 euros, «como si los trabajadores ganaran más que los empresarios».
«Con una recaudación adecuada y atajando de raíz el fraude fiscal se podría tener suficiente dinero para plantearse el salario social por encima del umbral de pobreza y llegar a cuotas europeas de gasto social».
El ex director de la oficina de la Hacienda de Irun José María Bravo gestionó directamente la mayoría de los pagos no ingresados en las arcas forales a los contribuyentes deudores víctimas del fraude denunciado por la Fiscalía de Gipuzkoa hasta apropiarse de más de un millón de euros, informó Efe. Según esas fuentes, Bravo es la cabeza visible de esta trama, que de 1995 a 2004, se habría servido de, «al menos», 16 entidades mercantiles y 14 bienes inmuebles para «encubrir la procedencia ilícita» del dinero.
En la práctica totalidad de estas sociedades y propiedades aparece como titular José María Bravo, que en unos casos comparte con su mujer, María Rosa Cobos Crespo, también denunciada, y en otros con Pilar Gracenea y Pedro María Atristain, los otros dos imputados. En tres casos, una finca en el Jerte y las sociedades Ekialde SL y Roza Cabera SL, también figura como propietario Víctor Bravo Durán, hermano de José María, que fue director general de Hacienda guipuzcoana cuando supuestamente ocurrieron los hechos y que ayer renunció como senador del PNV.
En la propiedad del Jerte, un local comercial, aparece asimismo como propietaria María Aránzazu Arbelaiz, segunda esposa de Víctor Bravo, que fue presidenta del Tribunal Económico Administrativo de la Diputación de Gipuzkoa entre 1992 y 2003 y es directora de Servicios del Departamento de Industria de Lakua.
Según la denuncia, Bravo, «amparándose en el acceso a la información que su cargo le brindaba», contactaba con personas con deudas tributarias pendientes, a quienes reclamaba el pago y terminaba rebajándoles la cantidad adeudada, que no ingresaba en Hacienda una vez cobrada (sólo en una ocasión ingresó 1.200 euros de un pago de 3.000).
Las entregas se hacían en metálico, mediante cheques bancarios o ingresos en cuentas de algunas de las entidades citadas anteriormente, tras lo cual Bravo, según el fiscal, declaraba la prescripción del expediente o lo daba de baja por insolvencia.
El número de expedientes presuntamente ilícitos asciende ya a 35 y el dinero que las arcas dejaron de ingresar a 5 millones de euros, de los cuales los integrantes de la trama se habrían apropiado de 1,5.
En algún caso, Bravo habría ordenado la derivación de deudas inexistentes, como tres que sumaban 25.904 euros y que reclamó a un decorador, al que propuso cancelar la deuda a cambio de «servicios profesionales de decoración».
