Ya no acude a ver a esas personas que se levantan demasiado temprano, se acuestan demasiado tarde y se desgastan -hasta el punto de suicidarse- en el puesto de trabajo. A fuerza de verle en todas partes, ocupándose de todo, de hacer proyectos y leyes sobre todo: accidentes en la carretera, incendios de los bosques, el Tour de France, las enfermeras búlgaras... ¿cómo no sorprenderse cuando deja ciertas cuestiones a un lado, cuando no interviene, no habla, no reacciona, no legisla? Ni fotografías, ni imágenes, ni flashes informativos, ni visita a la empresa tras el último caso de suicidio en el trabajo. Nada.

El año pasado se contabilizaron 360 casos de suicidio directamente vinculados al trabajo, uno por día. El problema concierne a empleados, a obreros, a cuadros, a trabajadores manuales y a quienes tienen ocupaciones más intelectuales... el estrés laboral, el sufrimiento en el trabajo, la violencia de las relaciones de explotación, las relaciones basadas en la manipulación jerárquica, el chantaje en relación al trabajo y al salario...

Este fenómeno mucho más grave y extendido que la «delincuencia criminal» es absolutamente ignorado: Rachida Dati (ministra de Justicia francesa) no prepara una nueva ley, no anuncia una investigación. Nada. Ni una visita a una empresa, ni a la familia, ni una reunión de urgencia, ni el más mínimo comentario. Y ya se sabe que en el régimen político en el que vivimos si el presidente no reacciona ante una situación es que ésta no es importante.

En Francia se utilizan los conceptos burn out (inglés) o karochi (japonés) para hablar de la autodestrucción mediante el trabajo... ¿no existe una palabra francesa? Sin embargo, esta clase de violencia afecta a 22 millones de ciudadanos... ¡Ah sí! El ministro de Trabajo Xavier Bertrand ha dicho que «sigue el tema» y ha hablado con el Comité de Salud, Seguridad y Condiciones de Trabajo (CHSCT) de la última empresa en que hubo un suicidio. Sin embargo, esos comités sólo existen en un 3% de las empresas, siempre de más de 50 trabajadores, y lo más habitual es que no haya comité. No hablemos ya del 97% de pequeñas empresas que emplean a ocho millones de trabajadores y cuyo índice de riesgo es mucho más elevado.

El, el presidente, tan rápido en todo, no ha propuesto, por ejemplo, ampliar los poderes y aumentar los medios de los CHSCT, las instituciones que estarían llamadas a reaccionar ante este tipo de riesgos.

Creados en 1982, esos comités no disponen para sus miembros, salvo acuerdos excepcionales, de horas de libre dedicación y no cuentan con un presupuesto. Sus miembros no son elegidos sino designados, lo que limita la influencia de su acción de cara a los trabajadores. No disponen apenas de formación para enfrentar las importantes cuestiones que les son asignadas en materia de higiene, de seguridad, de condiciones de trabajo. Y ello cuando esas funciones no han hecho sino aumentar, al incluirse entre ellas problemas como el moobing o el acoso sexual.

Como resultado, los comités no cuentan con mecanismos para hacer valer sus decisiones, que rebotan de una reunión trimestral a la otra, sin que el empresario se pronuncie sobre el tema ni tenga la obligación de hacerlo. Más allá de las escasas inspecciones de trabajo y del papel de la medicina laboral, no existe un auténtico contrapoder en las empresas capaz de detener las locuras de una gestión empresarial que exige cada vez más rentabilidad, más productividad, objetivos cada vez más inalcanzables, a través de una presión cada vez más feroz sobre el trabajador.

Sin embargo, existen propuestas, medidas, para abordar un proyecto de ley más decisivo para la vida de millones de trabajadores que muchos de los proyectos que tienen prioridad hoy en el Parlamento. Pero es que el presidente ha decidido no poner la atención en esta cuestión, ha decidido no reaccionar, no implicarse. Así las cosas, en el actual régimen, los suicidios en el trabajo, a causa del trabajo, seguirán causando una muerte cada día.