Los colectivos y vecinos que participaron en la asamblea de Lutxana del pasado día 3 de octubre han exigido la dimisión del concejal de Urbanismo, Jesús María González Suances (PSOE), como máximo responsable del derribo de los chalets de la Orconera, el pasado 13 de agosto. Suances fue quien «dirigió y firmó, en ausencia del alcalde, las órdenes de derribo e hizo declaraciones insultantes para los vecinos y vecinas del barrio como `se hará caiga quien caiga' o `nadie pidió judicialmente que se paralizase el derribo'».

En una rueda de prensa celebrada ayer, la asamblea expresó su «profunda indignación por el comportamiento que el Ayuntamiento está teniendo con este barrio tan machacado por años de marginación y contaminación, y ahora sometido a una especulación salvaje inmobiliaria».

Según el análisis de los vecinos, «está claro que no había ninguna urgencia para el derribo de los chalets, a no ser para la exclusiva defensa de los intereses de la constructora con el fin de evitar la respuesta de un barrio indignado... Ahí siguen, casi dos meses después, las ruinas de lo que era nuestro patrimonio histórico».

Añaden que «fue una actuación prepotente, humillante y de absoluto desprecio a las continuas reivindicaciones de las asociaciones, partidos y las mas de 800 personas que firmaron y respaldaron la petición de `no actuar contra los chalets hasta la resolución del contencioso judicial', entregadas el 12 de julio en el registro del Ayuntamiento».

Ahora, los vecinos exigen que no se derribe el chalet que aún está en pie, y que el que está en situación de ruina se reconstruya en el mismo lugar que ocupa en la actualidad.

Reivindicación de locales

La denuncia del derribo de los edificios que pertenecieron a la Orconera va unida a la reivindicación de locales para usos socio-culturales en el barrio. «Exigimos la disponibilidad de locales para el barrio ya» -manifiestan los colectivos- con actuaciones por parte del Consistorio como «el arreglo inme- diato de los locales municipales que ahora ocupan el Amaya y el Sporting».

También reclaman una «solución a la problemática de la Casa Social, entidad al servicio del barrio desde hace casi cuarenta años, exigiendo al Ayuntamiento un respaldo decidido para encontrar urgentemente una alternativa a su situación actual».

Y, finalmente, apuntan la «posibilidad de utilizar por las organizaciones del barrio cuando sea necesario, el pabellón del Museo de la Técnica, posibilidad que se nos ha denegado en numerosas ocasiones».

La asamblea también aborda los aspectos ambiental y de salud de un barrio que «durante más de 50 años ha estado sometido a la contaminación de las fábricas químicas que le rodeaban y de productos cancerígenos como el lindane, abandonados al aire libre durante décadas». Por ello, piden la realización de estudios epidemiológicos rigurosos, «para cuyo seguimiento se formará un grupo de afectados que canalizará la exigencia de responsabilidades».

Un último punto bordado por los vecinos se refiere a la implantación de la OTA: «Apoyamos las peticiones de los trabajadores y comerciantes del barrio, pero que no residen en él, de que se les proporcione una tarjeta de residente».