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Solidaridad efectiva y creación de condiciones democráticas para ejercitar todos los derechos

Sin duda, es posible explayarse en consideraciones sobre la fecha elegida para este operativo policial o sobre su relación con las distintas circunstancias que impregnan el momento político. Desde la frustración del proceso abierto para la resolución del conflicto político al período netamente electoral en que estamos inmersos, son muchos los factores que pueden engrosar el análisis de la oportunidad. En todo caso, la primera obligación pasa por hacer patente y censurar el daño causado a los ciudadanos y ciudadanas involucrados en este largo y tortuoso proceso, y a partir de ahí es preciso insistir en que todas las actuaciones conocidas en este caso y otros similares responden al objetivo básico de privar de derechos a los sectores que trabajan por la materialización del proyecto independentista y de obstaculizar las iniciativas populares dirigidas a construir la nación vasca.

El macrosumario 18/98 se asienta sobre la mordaza impuesta a dos medios de comunicación y sobre el cierre de empresas, y reposa sobre la suspensión e ilegalización de organismos cuyo nexo común no es otro que el de trabajar por un nuevo estatus para Euskal Herria, por un marco definitivamente democrático en el que sea posible defender y materializar todos los proyectos políticos, con el único límite de la voluntad de la ciudadanía vasca, sin más injerencias, vetos e imposiciones. La larga serie de abusos e irregularidades que ha marcado este juicio político desde la primera de las operaciones policiales, pasando por la instrucción de la causa, y luego por el excepcional proceso escenificado durante año y medio en la Casa de Campo, sumó ayer una nueva y grave agresión a las garantías y derechos que caracterizan a un Estado de Derecho.

Antes de que se conozca una sentencia que ha sido deslegitimada de antemano por la mayoría social y política de Euskal Herria, policías españoles procedieron ayer a ejecutar las órdenes de arresto cursadas por la Audiencia Nacional contra 46 de los 52 imputados. Ello por no hablar de las perspectivas de «altas condenas» aireadas por el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, entre filtraciones de eventuales condenas.

Aunque siempre resulta arriesgado valorar las actuaciones de un tribunal que hace de toda esa arbitrariedad su guía, las fuentes procedentes del Juzgado Número 3 explicaban por el «alto riesgo de fuga» una redada del todo injustificada. Conocido es el arraigo de los encausados en este país, y como prueba de ello baste mencionar que el cumplimiento de la mayoría de las órdenes de detención que empezaban a materializarse pasado el mediodía se producían en lugares habituales de trabajo o en los lugares de residencia de los imputados.

El tribunal tenía la opción menos lesiva de citar a las personas encausadas para la lectura de la sentencia, pero siguiendo con ese carácter usurpador de los derechos más elementales y con esa pertinaz vocación de satisfacer el voraz apetito político y mediático, el tribunal en cuestión ha preferido orquestar una cascada de detenciones sin que las personas objeto de la medida, sus allegados y su defensa supieran ayer con certeza cuándo se dará a conocer la sentencia en este caso.

Hora de responder como pueblo

Desde el 14 de marzo de 2007, cuando el proceso quedó a la espera de sentencia, los procesados emprendieron múltiples iniciativas para plasmar en la práctica que, en cuanto que la principal agraviada por este proceso es la sociedad vasca, está en manos de ésta y de sus representantes el arbitrar la respuesta a ésta y otras embestidas que tienen su brazo ejecutor en los tribunales.

La solidaridad a los encausados ha llegado desde los más diversos ámbitos, desde la mayoría sindical a las fuerzas que se proclaman soberanistas, desde el mundo de la cultura a los movimientos populares. Esa fuerza solidaria se ha expresado en calles, conferencias, manifiestos, cuestaciones y, aunque más tímidamente, también en el marco institucional. Sin embargo, tal como han venido afirmando los propios encausados la necesidad de canalizar esa solidaridad hacia el trabajo en común, de ahondar en la acción compartida dejando a un lado los intereses particulares, es la que debe ocupar un espacio preferencial en el futuro inmediato. La respuesta social a la estrategia de estrangulamiento de las libertades está asegurada, se palpa ya pueblo a pueblo, se expresará en una manifestación nacional mañana en Bilbo, en paros... porque este país ha respondido siempre, a pie de calle, a cada uno de los ya muchos zarpazos recibidos durante las ya largas décadas de conflicto.

No obstante, es fundamental que tomen cuerpo iniciativas sólidas y sostenidas en el tiempo para acompañar esa movilización popular, hace falta que cuantos apuestan por la construcción nacional y por un escenario de soluciones hagan suya esa demanda de la sociedad. No hay excusas, ni razones, ni obstáculos que pueden justificar el que los sectores progresistas de este país no pongan hoy las bases a un acuerdo basado en el ejercicio por todas las personas de todos los derechos.

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