Ala reunión del pleno de la Comisión de Ordenación Territorial de la CAV asistieron ayer como invitados de excepción el ex alcalde y el alcalde de Bastida. El primero, Ignacio Gil (PP), lo hizo porque su grupo, gracias al apoyo de los concejales del PNV, arrancó del pleno del Ayuntamiento de Bastida su designación como representante en esta comisión. El segundo, Higinio Arinas (EB), porque la ley le otorga la responsabilidad de representar al consistorio en ese marco. Ambos fueron citados, ambos participaron en la reunión, y ambos dijeron sentirse satisfechos con el informe aprobado.

Los hechos, sin embargo, sólo pueden avalar una versión, y ésta es que el informe aprobado por la Comisión de Ordenación Territorial rechaza el proyecto de instalación de un campo de golf y la construcción de centenares de viviendas en las faldas del Toloño en Bastida, y lo remite de nuevo al Ayuntamiento para que éste elabore un nuevo proyecto en el que se recojan las sustanciales reformas que se le exigen.

Variaciones de mucho calado

Ese era el resumen que al término de la reunión hacía de lo acordado la Viceconsejera de Ordenación del Territorio y Aguas, Ana Oregi: la comisión exige a los promotores del campo de golf variaciones en el proyecto de mucho calado.

Esta comisión interinstitucional ha analizado las revisiones de las Normas Subsidiarias de Bastida que el Ayuntamiento plantea realizar para poder llevar adelante la construcción de un gran número de viviendas (750) y la instalación de un campo de golf. La labor de la comisión es poner en común los diferentes informes sectoriales que afectan al proyecto presentado por el Ayuntamiento y contrastarlos con los documentos de ordenación territorial que le afectan, como es en este caso el Plan Territorial Parcial (PTP) de Errioxa y las directrices de ordenación del territorio (DOT).

Tras este análisis, la Comisión ha hecho una valoración desfavorable de distintos aspectos del proyecto presentado por el Ayuntamiento de Bastida, según informó la viceconsejera Ana Oregi. Uno de los aspectos de desacuerdo es la ubicación de parte de las viviendas, porque aunque el PTP de Errioxa plantea como válida una horquilla de entre 1.300 y 1.900 viviendas de crecimiento para el municipio de Bastida, «éstas deberían estar más relacionadas con el núcleo, pero en el proyecto su conexión con el núcleo está muy forzada».

Además, una parte importante del espacio que en el proyecto se dedica a campo de golf entra en la declaración de lugar de Interés Comunitario (LIC), a lo que se añade que está en aprobación provisional la declaración de ZEPC (Zona de Especial Protección Comunitaria) que plantea unas medidas de protección más estrictas desde el punto de vista de las aves, la fauna y de especies que son importantes, con lo que «el golf no puede entrar en esa zona».

Un tercer aspecto tiene que ver con los recursos hídricos, cuestión de gran importancia cuando se trata de una infraestructura deportiva que consume grandes cantidades de agua. El proyecto aprobado por el Ayuntamiento plantea utilizar el agua de las regatas que bajan de Sierra Cantabria, pero la Comisión de Ordenación del Territorio niega esa posibilidad «porque están abasteciendo a una zona natural, un prado juncal, que se vería dañado si se eliminase el agua que procede de esas regatas». En cualquier caso, el proyecto debe justificar de dónde va a obtener el agua, tanto para las viviendas como para el golf, y definir las redes, el origen, si sirve con los recursos que ya existen o deberá realizar alguna infraestructura nueva... porque nada de eso aparece en el proyecto.

La viceconsejera de Ordenación Territorial resumía lo decidido por la Comisión en su reunión de ayer en que «en caso de mantener un campo de golf en el proyecto, éste deberá adecuarse a lo establecido por la Línea de Interés Comunitario, y en general, la nueva norma que apruebe el Ayuntamiento deberá incorporar, modificar y atender a todo lo que se dice en el informe; en definitiva, lo que hacemos es retrotraer el expediente, que vuelve al Ayuntamiento para que éste haga todas las correcciones que se le han indicado en la comisión».

Máximo consenso

El concejal del PP Ignacio Gil, a su salida de la reunión celebrada la mañana de ayer en Lakua dijo sentirse satisfecho porque, según su valoración, el informe mantiene las 750 viviendas, mantiene el campo de golf, y sólo tienen que hacer «pequeñas variaciones».

Higinio Arinas, alcalde de Bastida, considera que el campo de golf de Bastida «tal y como está planteado, no se puede realizar. Lo prohíben la Comisión de Ordenación Territorial y todos los informes que se han elaborado», y recuerda que «estamos hablando de 11,3 hectáreas que se encuentran en la línea LIC, una nueva línea ZEPC que es mucho más restrictiva, protección de toda la zona de suministros de agua, cuando estamos hablando de no calificar 700.000 metros del millón de metros cuadrados», por lo que las modificaciones que se exigen en el proyecto son «muy importantes».

En opinión de Arinas, el informe aprobado ayer tiene gran relevancia. Ahora, el Ayuntamiento deberá hacer una nueva tramitación del proyecto, esta vez «yo creo que sin campo de golf, porque veo difícil que con todas las restricciones que le ha puesto la Comisión pueda hacerse, al menos tal y como estaba planteado».

En cualquier caso, el alcalde de Bastida pretende trabajar por conseguir el máximo consenso para el nuevo plan, «el mayor consenso entre los partidos y entre toda la gente del pueblo, asociaciones, partidos (estén o no en el ayuntamiento)... lo que queremos es hacerlo bien, una vez que se nos ha dado la oportunidad de arreglarlo».

«Inviable»

La plataforma Torrolate tiene en gran parte la «responsabilidad» de este resultado, al haber puesto en evidencia desde los comienzos de este proyecto todas sus deficiencias, irregularidades e ilegalidades. Ayer, en una valoración de urgencia, que además hicieron «de oídas» ya que no fueron admitidos ni siquiera como observadores en la reunión, resumían así lo acordado: «la recalificación urbanística propuesta es inviable; la invasión de la Red Natura 2000 es ilegal; la clasificación del resto de campo de golf como suelo urbanizable también es ilegal; la clasificación del subsector Este como suelo urbanizable contradice el modelo territorial propuesto por el PTP... y en su conjunto, el entramado urbanístico que pretendía dar cobertura al `Golf & Wine' se cae».

A la vista de estas conclusiones, los miembros de Torrolate consideran que, teniendo en cuenta «el coste social y de convivencia que ha generado este proyecto, encima para proponer algo que, como se ve ahora, no tenía recorrido», lo más lógico sería que «la empresa que está detrás de todo esto reconociera la realidad de las cosas y dejara ya de una vez de condicionar la vida social y política de Bastida». En cualquier caso, si ese necesario replanteamiento por parte de los propios promotores no se produjera, «si pretende seguir haciendo su negocio, que sepa que tendrá que hacer otro proyecto completamente distinto, completamente nuevo, y que nosotros esperamos que esa propuesta se tramite con todas las garantías, información, transparencia y participación ciudadana que con el otro no ha habido». Y es que, en opinión de Torrolate, «un proyecto del que se rechaza un 70/80% no se ha elaborado dentro de la legalidad».

El Ayuntamiento de Bastida, gobernado en minoría por Higinio Arinas, deberá ahora «subsanar todas las deficiencias advertidas» en el informe aprobado ayer en Lakua. Algunas de ellas conllevan además, según remarcan los portavoces de Torrolate, «la necesidad de que el Ayuntamiento recabe infor- mes que la Corporación anterior no había recabado, como el de la Confederación Hidrográfica del Ebro o la creación de un programa de participación ciudadana, que exige la Ley del Suelo» a pesar de lo cual el equipo de Ignacio Gil no lo llevó a cabo.

Así las cosas, por el momento el proyecto para construir un campo de golf y realizar una importante operación urbanística a su alrededor se aleja en el tiempo, y aumenta las esperanzas de quienes, como la plataforma Torrolate, se han opuesto a este proyecto, teniendo en cuenta el éxito de las movilizaciones que se han realizado, los posi- cionamientos que han hecho públicos distintos organismos oficiales y los trasfondos turbios que se adivinan en algunos movimientos realizados en el Ayuntamiento por personas que combinan representación política con intereses personales en juego.

En cualquier caso, hay una serie de procedimientos que a muy distintos niveles ha puesto en marcha Torrolate, y que deberán resolverse, como es el caso de las alegaciones presentadas ante la Confederación Hidrográfica del Ebro; la queja que se hizo llegar al Ararteko, y que hasta el momento no ha sido respondida; o la denuncia presentada el pasado mes de enero por el intento de transmisión de algunas parcelas de monte de utilidad pública.