La portavoz del Gobierno de Lakua, Miren Azkarate, hizo público ayer un comunicado del Ejecutivo autonómico que, con el título ``Declaración del Gobierno por el recrudecimiento de la violencia en Navidad'', denuncia tanto la muerte de dos guardias civiles en Capbreton y el atentado del lunes en Balmaseda como el encarcelamiento de dirigentes de Batasuna. Además, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, también criticó la situación que viven los familiares de presos «que mueren en accidentes de tráfico».

El secretario de Organización y portavoz de la Ejecutiva del PSE, Rodolfo Ares, había tachado previamente de «irresponsabilidad y una gran equivocación» el mensaje de Juan José Ibarretxe en konpondu.net, en cuyo texto, en la misma línea de lo planteado ayer por el Ejecutivo, el lehendakari denuncia las últimas acciones de ETA, así como las sentencias judiciales contra ciudadanos vascos, en referencia al sumario 18/98.

Ares hizo «un llamamiento» al lehendakari «para que no cometa esos errores», ya que, en opinión, el jefe del Ejecutivo debe «tener una actitud de firmeza clara frente al terrorismo», en lugar de «buscar desesperadamente acercarse a las posiciones que mantiene la izquierda abertzale». En este sentido, Ares indicó que esta posición de Ibarretxe «probablemente» esté motivada por «intereses electorales, pero no todo vale por un puñado de votos».

En esta línea, el secretario de Política Municipal y Libertades Públicas del PSOE, Alvaro Cuesta, considera las palabras de Ibarretxe «un intento de aglutinar el voto del radicalismo nacionalista, sectores radicales que están en estos momentos huérfanos de representación política».

El PP pide «más respeto»

La secretaria ejecutiva de Política Autonómica y Local del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, calificó de «inadmisibles e intolerables» las citadas reflexiones y pidió a Ibarretxe «más respeto» a la democracia española, a la que, según recordó, «le debe su puesto». El PP «recordó» a Ibarretxe la diferencia entre quienes «están dentro de la democracia y del Estado de Derecho» y quienes están fuera. Para el PP, «no es admisible» que un responsable público compare «el funcionamiento normal» del Estado de Derecho con «aquellos que se colocan fuera de la ley y no les importa ni la vida ni la libertad de la gente con el fin de alcanzar un objetivo político».

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares señaló, por su parte, que si bien existe «una crítica en ambos flancos», se diferencian en el «grado» y la «calidad, porque una cosa es la confrontación con la violencia terrorista, inaceptable en cualquier sistema democrático», y otra la crítica «posible y aceptable a una determinada sentencia judicial o a una estrategia judicial frente al terrorismo. No se pueden equiparar -apostilló- ambas cuestiones».

En palabras del coordinador general de IU, «el verdadero problema es la violencia terrorista que no puede relacionarse con una valoración crítica, acatamiento o desacuerdo con respecto a determinadas sentencias judiciales» que, según señaló a renglón seguido, está «justificada» por algunas «macrosentencias donde la individualización de las penas y la proporcionalidad de las mismas es difícil de considerar».