La Asamblea venezolana concede el estatus beligerante a las guerrillas colombianas
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves un proyecto que concede el estatus beligerante a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN), respaldando así la propuesta Hugo Chávez de reconocer la beligerancia de las guerrillas colombianas como paso previo a las negociación de paz en Colombia. El Gobierno venezolano acusaba a Bogotá de estar «ciegamente empecinado» en la derrota militar.
GARA |
La propuesta del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para alcanzar la paz en Colombia fue respaldada el jueves por la Asamblea Nacional. Los diputados solicitaron al Gobierno de Colombia «reconocer el carácter beligerante de los movimientos insurgentes, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN) como señal de voluntad de darle un trato político que genere confianza en las futuras negociaciones, en el camino a la paz».
Al tiempo que reconoció el estatus beligerante de las guerrillas, el Parlamento rechazó «las listas unilaterales impuestas por el Gobierno de EEUU, en su carácter imperialista, y otros países colonialistas», en las que califican de «terroristas» a los «movimientos de liberación y a los estados no subordinados a la dominación».
Asimismo, reiteró su voluntad de «acompañar al pueblo hermano de Colombia» en su aspiración de que el canje humanitario sea «el inicio de futuros acuerdos que regularicen la guerra y se establezca la confianza entre las partes», de forma que ambas partes puedan llegar a «compromisos de una paz positiva».
Salidas militares
Mientras la Asamblea Nacional venezolana aprobaba la propuesta de Chávez, la escalada dialéctica entre los gobiernos de Venezuela y Colombia iba en aumento, después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores venezolano acusara al Ejecutivo de Álvaro Uribe de estar «ciegamente empecinado» en la guerra y buscar sólo salidas militares en el conflicto con las guerrillas en lugar de preocuparse por salvar vidas.
El comunicado fue una respuesta a un exigencia del Gobierno colombiano que, la víspera, pidió al presidente de Venezuela «cesar las agresiones» contra su país y le acusó de haberse colocado del lado de las FARC en su reciente mediación para un canje de rehenes, al reiterar su rechazo a reconocer el carácter beligerante de las guerrillas, tal y como había pedido Hugo Chávez.
La Cancillería venezolana señaló que Uribe arremete contra Chávez porque es el «único que ha tenido éxito en la liberación de rehenes» y añadió que vive «desesperado» por desviar la atención sobre la masiva presencia de tropas estadounidenses en su país. Aseveró que el tono «ofensivo y desesperado» es expresión de la debilidad del un Gobierno «rodeado de escándalos».
Bogotá respondió que son «bravuconadas que no merecen respuesta», mientras EEUU salía en defensa del Gobierno colombiano al afirmar que el «apoyo» de Chávez a la insurgencia en Colombia no ayuda a la estabilidad regional y preocupa a Washington. Es más, elogió los «éxitos» de Uribe con el Plan Colom- bia de lucha antidroga y contrainsurgencia, respaldado por George W. Bush.
En medio de este cruce de declaraciones, el profesor colombiano Gustavo Moncayo, padre de un soldado que permanece en poder de las FARC desde hace diez años, llegó el jueves a Caracas tras caminar 1.400 kilómetros desde que saliera de Bogotá el 19 de noviembre en el marco de una iniciativa que reclama el acuerdo humanitario.
Yves Heller, portavoz en Colombia de la Cruz Roja Internacional (CICR), sostiene que en este país hay una guerra y que las dos partes deben respetar los principios del derecho humanitario.
El CICR constata la gravedad de la situación al señalar que el conflicto armado interno ha provocado entre dos y tres millones de desplazados, miles de personas desaparecidas y cientos de rehenes.
Las FARC ratificaron la esencia política de su lucha y su rechazo al calificativo de «terroristas», impuesto por Washington y Bogotá, con la finalidad de justificar la «intervención militar abierta de EEUU en Colombia, los unos para imponer la recolonización, los otros para mantenerse en el poder».
En un artículo divulgado por la Agencia Bolivariana de Prensa y reproducido por Telesur, Iván Márquez, del Secretariado del Estado Mayor de las FARC, afirma que la organización «nació como respuesta a la violencia ejercida desde el Estado». Agrega que el carácter político de la lucha de las FARC es «incuestionable» y asegura que ante «la opresión del poder» surge la «insurrección como un acto político en defensa de la justicia, la solidaridad y la paz de los pueblos».
Márquez asevera que «el alzamiento armado de las FARC está amparado en el derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo a alzarse contra la opresión y los regímenes injustos. Su lucha es por un nuevo orden, un nuevo Estado que garantice la justicia social, la paz, el ejercicio de la democracia verdadera, la soberanía del pueblo, la independencia (...) A esto jamás podrá llamársele terrorismo».
A su juicio, las FARC son «una fuerza beligerante que debiera tener el reconocimiento de muchos gobiernos, con la certeza de que su gesto independiente tendería puentes hacia la solución política del conflicto».
Critica la «injerencia violenta» del «más grande terrorista de la historia», el Gobierno de EEUU, que utiliza la lucha contra el narcotráfico como «escudo» para luchar contra la insurgencia y arremeter contra la esencia política de la guerrilla.
Asimismo, destaca la importancia de que los pueblos y gobiernos de América Latina y del mundo se unan, en una sola voz de apoyo, a la lucha de las FARC y a la paz en Colombia. «Se requiere presionar más al Gobierno de Colombia para que acceda al canje humanitario», sostiene. GARA
