El Consejo de Ministros del Gobierno español aprobó ayer acudir al Tribunal Constitucional contra dos artículos de la ley navarra del Patrimonio del año pasado ya que establece que pertenecen a la Comunidad Foral los inmuebles vacantes y los saldos y depósitos abandonados, cuando el Gobierno español entiende que corresponden a la Administración General del Estado y que la legislación civil, en cualquier caso, es competencia estatal en exclusiva.

Ambas partes trataron de ponerse de acuerdo y evitar el recurso e iniciaron negociaciones para ello en la Junta de Cooperación que comparten, pero no han logrado «resultados satisfactorios» por lo que acudirá al Alto Tribunal. El plazo para presentar el recurso finaliza el 23 de enero.