Ha estado de gira el aparato del Gobierno colombiano, para lavar la cara más amarga y ruin en la historia de este país y ocultar a punta de mentiras la situación de crisis económica, política y social que viven los colombianos. Pero, como dicen, «el narco aunque se vista de seda narco se queda». Por eso están visitando el viejo continente el vicepresidente Francisco Santos Londres, y el ministro de Relaciones Exteriores Fernando Araujo y Alvaro Uribe Madrid y Davos. El Gobierno de Uribe Vélez quiere ocultar la difícil situación del país: las 1.009 fosas que la Fiscalía encontró el año pasado con más de 1.200 cadáveres; la indagatoria a 23 empresarios antioqueños y comisionistas del Bajo Atrato Chocoano imputados por concierto para delinquir, desplazamiento forzado, usurpación de tierras, falsedad en documento y delitos medioambientales; el macroproceso a más de 70 congresistas, parlamentarios, terratenientes, paramilitares de su gobierno y movimiento uribista acusados por narcoparamilitarismo; el terrorismo de estado y la guerra sucia que azota el territorio nacional con su ESMAD y las «Aguilas Negras»; el conflicto político y armado, reduciéndolo con su política de «seguridad democrática» a «bandas terroristas» para desconocer un posible acuerdo humanitario; la impunidad de crímenes cometidos por la fuerza pública y paramilitares amparados en la mal llamada «Ley de Justicia y Paz» y el señalamiento de la oposición, armada o no armada -ONGs y sindicatos-, de connivencia con la in- surgencia.

Pero qué mejor momento, después de la eufórica situación del «caso Emmanuel, Clara Rojas y Consuelo González», para emprender una ofensiva diplomática internacional y lavar su denigrante imagen. En su periplo por Centroamérica visitó al presidente Oscar Arias de Costa Rica y le informó de que las guerrillas son una «amenaza terrorista» para las democracias latinoamericanas, como han tratado de hacer en los últimos años al vincular la actividad de la insurgencia colombiana en Paraguay en el «caso Cubas» y recientemente en México. Todo dentro de la estrategia de militarización de EEUU en la región de la «triple frontera» para la apropiación del acuífero guaraní (la mayor reserva subterránea de agua dulce del mundo).

Han venido a Europa cargados de mentiras para llamar la atención del mundo. Veamos: el vicepresidente Santos (familia propietaria del periódico «El Tiem- po») en su visita a Londres comparó a las FARC con Al Qaeda. Por su parte, el canciller Araujo (familia paramilitar de moda) participó efusivamente en el denigrante Congreso de Víctimas del Terrorismo de Madrid, evento sesgado políticamente por el PP español, utilizando como serviles útiles a sectores de la población colombiana, que sólo conlleva polarizar más el conflicto.

Uribe ha venido a Europa para desprestigiar a la oposición política, a la insurgencia y a los defensores de derechos humanos; para acabar con la mediación del presidente Hugo Chávez, la senadora colombiana Piedad Córdoba y los presidentes progresistas. Y para desestimar el acuerdo humanitario como vía de búsqueda de una salida política negociada al conflicto colombiano. ¿Cómo es posible que Uribe le esté diciendo al mundo que «el dinero del narcotráfico nos obliga a decir que esa guerrilla es simple y llanamente un grupo terrorista» cuando muchos colombianos sabemos que Uribe procede de una familia de narcotraficantes, sabemos que creó las cooperativas rurales Convivir -que en los 80 fueron tapadera del narcotráfico y el paramilitarismo- y que hoy su gobierno, sus organizaciones políticas, sus amigos... están siendo investigados y enjuiciados por narcoparamilitarismo o parapolítica?

Por otro lado, pretende convencer al país y al mundo de que los grupos paramilitares «ya no existen en Colombia», cuando el pueblo sabe que no se han desmovilizado, sino redistribuido en una pantomima insultante de elementos de reserva de la llamada «Constitución de Paramillo», acordada con los paramilitares, políticos, narcotraficantes, terratenientes y multinacionales. Los hechos lo corroboran: 47 sindicalistas asesinados en 2007 y 500 asesinados durante su gobierno, 4 millones de desplazados internos donde la ACNUR dice que cada año hay 200.000 nuevos desplazados, 4.000 desaparecidos forzosamente y miles de amenazados buscando refugio.

En el aspecto económico, además de privatizar los sectores más importantes, el impacto de su gobierno con su inflación y el alza de precios en muchos sectores, han evaporado el miserable salario mínimo de 153 euros (461.500 pesos) que no resuelven el problema de la pobreza y mucho menos el triste promedio de tres niños menores de cinco años que mueren diariamente de desnutrición. Todo ello en un país netamente policial y militarizado, con una fuerte intervención de los Estado Unidos con 2.500 agentes, seis bases militares y una inyección de 3.900 millones de dólares en 2007 destinados al Plan Colombia y al Plan Patriota.

Uribe, su gobierno, la burguesía y las multinacionales quieren perpetuar la espiral de violencia. Llamamos al Gobierno español, al vasco y a los gobiernos euro- peos a acabar con ello. Como dice Amnistía Internacional, «el Gobierno español debe escuchar a las víctimas del conflicto colombiano para no apoyar iniciativas que vulneren sus derechos», y para eso reitero que Colombia no necesita apoyo internacional a la guerra. No queremos más ayuda militar, porque por acción u omisión se estaría participando de la infinidad de crímenes y violaciones de derechos humanos. Rechazamos el secuestro y todas aquellas prácticas inhumanas y degradantes que infringen el DIH, los derechos humanos y muchas de ellas calificadas de acciones terroristas que comprometan a los actores de la guerra en mayor o menor grado.

Por eso, invitamos a invocar el acuerdo humanitario, la solución política y la paz con justicia social, así como la defensa del pueblo colombiano sin manipulaciones y condicionamientos.