Vuelve la guillotina de las ilegalizaciones. Vuelven a negar el derecho a organizarse y poder expresar libremente su pensamiento político a miles de ciudadanas y ciudadanos vascos por el hecho de pensar de otra manera. En pleno siglo XXI siguen vigentes las condenas inquisitoriales. Hace tiempo que en los despachos políticos adoptaron esta decisión y ahora Garzón y compañía se prestan a dar la forma jurídica. ¿Y cuántas van? Cinco partidos políticos (Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna, ANV y EHAK); otros tantos organismos juveniles y populares (Askatasuna, Jarrai, Haika, Segi, Ekin) y el cierre de cuatro medios de comunicación («Egin», Egin Irratia, «Egunkaria» y «Ardi Beltza»). Y como consecuencia directa, el encarcelamiento de centenares de militantes políticos. Para cualquier observador con mínima objetividad resulta de extrema gravedad semejante atropello en un estado que se precia de demócrata.

Los jueces y políticos que están detrás de esta cascada de ilegalizaciones saben perfectamente que están mintiendo, y cometiendo una hiriente discriminación para con Euskal Herria. Están escribiendo una de las páginas más negras de nuestra historia. Y además están cometiendo la injusticia conscientes de una aplicación de la ley falsa y partidista.

Falsa porque saben que tales partidos no tienen ninguna relación orgánica con organización armada alguna ni han cometido como tales delitos de colaboración. Y partidista porque una aplicación coherente y no discriminatoria de la misma ley llevaría a idéntica situación a los partidos que han ostentado o siguen ostentando tareas de Gobierno en el Estado español.

La razón que esgrimen es la de siempre: no condenan la violencia y, por lo tanto, son cómplices o miembros de ETA. Pero el señor Garzón y el resto de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo españoles saben perfectamente que el no condenar un tipo de violencia no constituye ningún delito. Y que, en todo caso, es un insulto a la inteligencia decir que por defender unas determinadas ideas políticas uno es miembro de tal o cual organización armada, aunque no lo quiera ni lo sepa. No señores, digan sencillamente que ustedes persiguen con saña determinadas ideas políticas. Reconozcan de una vez que el objetivo es castigar y, si pueden, arrasar Euskal Herria. Simplemente han decidido erradicar del mapa una opción democrática que les resulta molesta para su idea de la España «Una y Grande».

Austedes, jueces y políticos del PSOE Y PP, no les preocupa en absoluto la violencia. Les preocupa que en nuestra tierra haya un movimiento político muy enraizado que quiere labrar su futuro al margen de lo que se empeñan en imponernos en esa España trasnochada y fundamentalista. Han intentado engañarnos con triquiñuelas como estatutos de autonomía a la medida de un franquismo maquillado, pero al no lograr su objetivo, actúan a la tremenda con torturas, encarcelamientos e ilegalizaciones.

Señores jueces, si a ustedes les preocupara la violencia como arma para obtener objetivos políticos, ¿cómo es que no ilegalizan al PP, que sigue sin condenar el alzamiento militar del 36, que supuso, además de derrocar un Gobierno democráticamente elegido, la muerte de un millón de personas y miles de encarcelamientos y exiliados? ¿Por qué es delito no condenar a ETA y no lo es seguir aplaudiendo una guerra más sangrienta que destrozó medio Estado español? Y hay realmente algo más reciente y tan grave como cualquier dictadura sudamericana que con tanta diligencia persiguen jueces como Garzón y que además les compete directamente, como es la guerra de Irak. Miles de personas asesinadas con el objetivo de amasar ingentes fortunas y obtener petróleo más barato, con la participación directa de los gobernantes del Estado español. ¿No es motivo de ninguna investigación? ¿Y los partidos que han provocado semejantes crímenes pueden ser «ejemplo de democracia» e instar a que otros sean ilegalizados? ¿Cabe más cinismo e hipocresía ?

El PSOE, impulsor de la Ley de Partidos, fue el creador de los GAL. No es que algunos de sus miembros participaran o encubrieran las actividades de dicho grupo terrorista, sino que fueron sus responsables directos. ¿Acaso los jueces no saben a quién correspondía el famoso personaje X del que tanto se habló pero nunca se quiso juzgar? Felipe González ha alabado públicamente a los responsables directos de delitos probados. ¿Por qué cuando la izquierda abertzale envía su saludo solidario a los presos y presas es sospechosa de delito y no lo es cuando se aplaude el terrorismo por parte del señor Bono? Si hay que ilegalizar a los partidos políticos que no condenan la violencia, ¿por qué no se adoptan las mismas medidas contra los que jalean y aplauden la violencia o la tortura como método para obtener beneficios políticos? Quienes más méritos han acumulado para ello son el propio PSOE y sus dirigentes.

Ustedes afirman que persiguen la violencia, cualquiera que sea su expresión. Mentira; ustedes apoyan un tipo de violencia y persiguen a otra. Encubren la violencia del Estado y persiguen sin escrúpulo alguno a toda expresión de rebeldía y crítica al poder establecido. Ofrecen cobertura a la tortura de los cuartelillos y comisarías y condenan la libertad de expresión que critica los desmanes de los respectivos gobiernos.

Partidos de ámbito vasco como PNV o Nafarroa Bai dicen condenar todas las violencias, pero es radicalmente diferente la actitud para con unas y otras expresiones violentas. La violencia de los oprimidos y de los pueblos sojuzgados se combate abiertamente, mientras que aceptan sin rechistar la de los poderosos. Desde las instituciones se llama a concentrarse y mostrar la repulsa indignada ante una bomba contra un edificio y, sin embargo, ante el «asesinato lento» de un preso enfermo terminal al que mantienen en la cárcel contra todo rasgo de sentimiento humanitario y contra la propia legislación vigente, a lo más se limitan a tímidas declaraciones sin implicación práctica alguna. Comparten mesa y mantel con el rey español, máximo responsable de todos los aparatos que torturan a los independentistas vascos. Dialogan, pactan y gobiernan con los que permanentemente aplican una política de exterminio contra Euskal Herria. Josu Jon Imaz corre a visitar a guardias civiles heridos en atentados mientras nunca ha visitado a un preso político vasco enfermo o torturado.

Alos partidos ANV o EHAK no se les ilegaliza por no condenar la violencia. Es una burda mentira. Las razones de fondo por la que se ilegalizan son entre otras:

Apostar con determinación por recuperar el derecho a decidir para Euskal Herria. El general Cassinelo, un militar franquista y experto en la lucha contra la soberanía de nuestro pueblo, públicamente confesó cuál era la preocupación fundamental del Estado español: «No me preocupan los métodos violentos de ETA, lo que realmente me preocupa son los objetivos políticos que persigue». Ahí radica el meollo del asunto. Por lo tanto, no es invención mía sostener que nos están ilegalizando porque trabajamos con determinación a favor de un escenario democrático que abra las puertas, en igualdad de oportunidades, a la opción independentista. Lo avisó el militar mencionado y es el miedo escénico no sólo de los partidos españolistas, sino también de los sectores regionalistas del PNV.

Ser el látigo contra la corrupción y los chanchullos. Voz crítica en las instituciones, aire fresco en los ayuntamientos. Otra manera de hacer política y una constante negativa a entrar en el «club de la clase política». Ofrecer cauces para la participación activa de la ciudadanía. Mantener una actitud vigilante ante los abusos y chanchullos que se dan en los grandes proyectos urbanísticos. Esta es la aportación de la izquierda abertzale. Y por esa actitud política fue ilegal ANV en muchos pueblos en las últimas elecciones. ¿Alguien cree que fue casualidad que precisamente en muchos pueblos con grandes intereses de las inmobiliarias -Getxo, Lekeitio, Donostia o Zarautz, por mencionar algunos- fuera ilegal?

Ser el referente de la rebeldía y de la lucha contra la injusticia. Referente para los más marginados, los inmigrantes, los trabajadores, los que sufren paro y miseria, los sectores más castigados, como los jóvenes y las mujeres.

Sobra el barniz jurídico. La decisión de las ilegalizaciones está tomada en función de unos intereses políticos partidistas y va en contra de cualquier atisbo de justicia. En este caso, como en otros muchos, los jueces son simplemente los escribientes del político de turno. No persiguen la violencia, quieren ahogar a un pueblo que quiere escribir libremente su futuro. Empeño baldío porque no es posible ilegalizar las ideas y la voluntad de supervivencia.

Muchos se indignan porque se condena levemente a la Mesa del Parlamento de Gasteiz. Normal y obligada indignación, a la que me sumo. Pero ¿no es mucho más grave y anterior la sistemática persecución política de las opciones que coherentemente defienden Euskal Herria? ¿Para cuándo una respuesta firme y contundente contra la «caza del vasco»? ¿Cuándo vamos a unirnos, en una movilización amplia y plural, como nación diferenciada?