Anda el Gobierno a la carrera -uno, dos, uno, dos- metiendo solicitudes de ilegalización y suspensión de actividades por partida doble para asegurarse de que no le falla nada en su intento de impedir encontrarse con tres o cuatro diputados de la izquierda abertzale en Madrid a partir del 9 de marzo, y van los sindicatos de la Administración de Justicia y anuncian una huelga indefinida a partir del próximo lunes. Peor aún, dicen -según escribe la agencia Efe- que «están dispuestos a boicotear la celebración de las audiencias previstas en la Audiencia Nacional los días 4 y 5 para decidir sobre la suspensión de actividades de los partidos PCTV y ANV porque han asegurado que no se trata de servicios esenciales, ni propios de la guardia».

Allá ellos pero, trabajando donde trabajan, a estas alturas ya debieran saber que con estas cosas no se juega. Si después de lo medido y calculado que lo llevan todo entre el presidente del Gobierno, el ministro de Interior y el de Justicia para que el gran golpe contra la izquierda abertzale llegue en el momento electoral oportuno, se les ocurre chafarles el plan, átense los machos. En un pis-pas los funcionarios implicados pueden pasar de estar pegando sellos en el registro o transcribiendo actas a sentarse en el banquillo acusados de colaboración con banda armada. Eso si al fiscal no se le ocurre además pedir la suspensión de actividades de CCOO, UGT, CSI-CSIF y STAJ, promotores de semejante motín. Se reirán, pero por menos hay gente en la cárcel. De hecho, no diría yo que haya pruebas más sólidas para acusar de «integración en organización terrorista» a ANV y EHAK, y miren dónde están.

Además, estos funcionarios debieran estar al corriente de que tanto las vistas ante Baltasar Garzón como después en el Tribunal Supremo no son más que un tramitillo que no les va a llevar mucho esfuerzo. Si la decisión está tomada y puede que hasta los autos estén ya redactados a falta únicamente de la fecha y la firma. Luego le ponen el sello y, ¡hala!, otros dos partidos suspendidos -eso sí, cautelarmente- y unos 200.000 vascos y vascas sin candidatura legal a la que votar.

Porque, no vamos a engañarnos, todo esto de tener que pasar las órdenes políticas por los tribunales no es más que un molesto formalismo por si en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos todavía no tienen suficientemente interiorizado que todo vale contra el vasco insurgente y se ponen puntillosos con tonterías como las garantías procesales o la protección de los derechos y libertades. Es más, incluso se puede hacer que la Fiscalía pida la mayor de las burradas, como impedir la participación electoral sin ni siquiera escuchar a los afectados, y luego el Supremo queda como un campeón rechazándolo. ¡Y todavía habrá que agradecerles que hagan lo que les venga en gana pero guardando un poco las formas!

El Gobierno ha dicho que EHAK y ANV no estarán en las elecciones, los grandes medios se han encargado de crear la «alarma social» suficiente para ello, los jueces están deseando darle marchamo de legalidad a lo injusto y hasta algunos de los que dicen estar en contra hacen cálculos de lo que les puede beneficiar la medida... y van a venir unos sindicalistas a joderlo todo. ¿De qué?