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Análisis | el acoso de la empresa sapa

Hecha la ley... Lakua da dinero a la industria de armamento

Dadas las fluidas relaciones de altos cargos políticos con empresas del sector, nos tememos que la línea de apoyo a la industria militar vasca no va a cambiar.SAPA-Placencia es la empresa de producción militar más antigua del Estado español y es la principal empresa vasca del sector de armamento y munición. En Andoain, SAPA ha hecho el negocio que le negaron en Soraluze, y consigue una instalación nueva que contará con los 3,1 millones de euros que le ha concedido Lakua. Todo un chollo.

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Estitxu MARTÍNEZ DE GUEVARA Colectivo antimilitarista Gasteizkoak

La Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos dice taxativamente que el Gobierno Vasco no colaborará de ninguna forma con la producción, comercialización y financiación de armas. A Lakua le han bastado dos semanas para saltarse esa ley, financiando, entre otras, a una empresa netamente militar: SAPA-Placencia.

El 9 de enero de este año, el Boletín Oficial del País Vasco publicaba la Ley 14/2007 del 28 de diciembre de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos, que en su artículo 3 establece: «En sus políticas de promoción y apoyo a las empresas, el Gobierno Vasco no colaborará de ninguna forma con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armas».

Hasta la fecha, la política de los ejecutivos vascos se ha caracterizado por el impulso de planes específicos para el sector -en el subsector de Arma Corta-, multimillonarias ayudas, subvenciones a fondo perdido, avales, beneficios fiscales... a muchas de las empresas implicadas (Gamesa Aeronáutica -hoy Aernnova-, Sener, Industria de Turbo Propulsores -ITP- o los Centros y Parques Tecnológicos o de Investigación que participan en los principales programas europeos de aeronáutica militar -Avión de Combate Europeo, Avión de Transporte Militar Europeo, Helicóp- tero de Ataque Tigre...-).

Tampoco ha faltado la participación directa en el accionariado de algunas empresas por parte del Ejecutivo, como en Gamesa Aeronáutica -hace una década-, o en la actualidad en Sener Aeronáutica, quien posee la mayoría de ITP.

Vista la claridad y rotundidad de su articulado, cabría pensar que esta nueva ley traería consigo un cambio radical en la línea de apoyo político a la industria militar vasca, pero dadas las fluidas relaciones de ex altos cargos políticos con consejos de Administración de las empresas del sector y los suculentos beneficios que la industria militar supone para las entidades financieras que conceden préstamos a las organizaciones políticas, mucho nos tememos que no va a ser así.

De hecho, dos semanas después de la aprobación de la ley nos hemos encontrado ya con la primera demostración palpable: el Gobierno Vasco aprobó en enero ayudas a siete empresas por valor de 24 millones de euros (que son financiados por el Ejecutivo vasco y por las tres diputaciones de la CAV) como apoyo a proyectos estratégicos. Una de las empresas beneficiarias de esas ayudas es SAPA-Placencia, a la que se le adjudica una subvención de 3,1 millones de euros, dirigidos en teoría a la creación de nuevas instalaciones donde mejorar su producción centrada en las transmisiones y unidad de potencia auxi- liar de vehículos especiales.

SAPA-Placencia es la empresa de producción militar más antigua del Estado español -sus orígenes se remontan al año 1573- y en la actualidad es la principal empresa vasca del sector de armamento y munición. A lo largo de su historia se ha destacado en la producción y mantenimiento de piezas de artillería. De hecho, cuando la actual SAPA-Placencia se constituye hace unos años declara como objeto social: «Cualesquiera actividades comerciales industriales y de investigación relacio-nadas con material de guerra, preferentemente de artillería y municiones».

En los últimos años, de la mano de su departamento de I+D se ha especializado en la unidad de potencia auxiliar (UPA) y en las transmisiones mecánicas para vehículos pesados. En concreto la UPA es un elemento diseñado para su integración en el carro de combate Leopardo 2E, mientras que la transmisión SG-850 ha sido diseñada para el vehículo blindado Pizarro, dos de los principales programas de armamento en los que despilfarra dinero público el Ministerio de Defensa español.

Por si hubiera dudas sobre el destino de su producción, el director industrial de la empresa en su boletín «Innovación» de junio de 2007 a la pregunta: «¿Tiene SAPA Placencia la intención de introducir sus productos en el mercado civil?», contesta: «La intención de SAPA Placencia, a día de hoy, es ampliar el mercado militar a nivel internacional. (...) El mercado civil es muy distinto a la industria militar. Aunque la tecnología sea la misma, la forma de producir es muy diferente con una producción en masa de forma inteligente. En SAPA Placencia, la producción sí que es militar».

Y, de hecho, en ese mismo boletín se informa de que: «La UPA desarrollada por SAPA Placencia ha sido preseleccionada por US TACOM (Centro de Ingeniería y Desarrollo del Ejército Americano) como candidata para ser introducida en los tres principales vehículos de su Ejército: Abrahams, Bradley y Stryker».

Curioso también lo referente a las nuevas instalaciones. Hasta finales de 2004 SAPA poseía dos plantas industriales, una en Soraluze y otra en Andoain. Como declaró el alcalde de Soraluze (GARA, 19-11-2004), SAPA intentó que el Ayuntamiento recalificara los 11.000 m2 de la empresa, para que cuando ésta los vendiera se pudieran construir viviendas. Como el Ayuntamiento se negó a la maniobra especulativa, SAPA cerró la planta de Soraluze trasladando toda su producción a Andoain.

Pues bien, en 2007 repitió la jugada en Andoain, donde firmó un convenio con el Ayuntamiento que supondrá el desarrollo residencial de los terrenos en los que se ubica la empresa, lo que permitirá la construcción de 500 a 600 viviendas. Ello trae consigo que SAPA necesite una nueva planta. Así, logra realizar el negocio que le negaron en Soraluze y consigue una instalación nueva que cuenta con los 3,1 millones de euros que le ha concedido Lakua. Un chollo.

¿Qué personas están tras las siglas SAPA? La empresa pertenece de antaño a la familia Aperribay. Joaquín Aperribay Elosua -antiguo alcalde de Deba- es el presidente del Consejo de Administración y su hijo Jokin Aperribay Bedialauneta, uno de los consejeros. Por otro lado, el histórico dirigente jeltzale Ramón Labayen -antiguo alcalde de Donostia- ha sido durante años asesor militar de la empresa.

Pero las especiales relaciones de la empresa son de otro calibre. Durante años su vicepresidente fue Enrique Falcó Carrión, Conde de Elda y presidente del Consejo de la Grandeza, organismo consultivo de la Administración del Estado en el que están agrupados los 300 «Grandes de España».

También estaba en su Consejo de Administración Gabriel Peña Aranda, miembro del famoso grupo de opinión de la transición Tácito, director general de TVE de 1975 a 1976 y director de la División de Defensa del Instituto Nacional de Industria en el Gobierno de la UCD.

Tras su muerte, y con intención de sustituirle por alguien con parecida capacidad de influencia en la industria armamentística, entró Pedro Morenés Eulate, secretario de Estado de Defensa de 1996 a 2000; secretario de Estado de Seguridad de 2000 a 2002, y secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de 2002 a 2004. Un gran conocedor de los entresijos administrativos ligados a las fuerzas militares y policiales que, además, recientemente ha sustituido, precisamente, al Conde de Elda como presidente del tan selecto como exclusivo Club Puerta de Hierro de Madrid.

A pesar del reajuste mundial del sector de armamento y munición, la pequeña SAPA goza de una salud excelente. Es miembro de la Asociación Española de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa y Seguridad -AFARMADE-; accionista del consorcio público-privado para la exportación de material militar DEFEX (Defensa y Exportación); es -y aquí coincide con el Gobierno Vasco- socio protector de la revista «Memorial Ingeniería de Armamento», y parte de sus beneficios los invierte en el Fondo de Inversión de Acumulación DINERBANC F.I., perteneciente al Grupo Banco Atlántico, en el que poseía en 2004 cerca de la tercera parte de todo el patrimonio. A esta empresa es a la que Lakua ha otorgado esos 3,1 millones de euros, incumpliendo flagrantemente la ley aprobada el 28 de diciembre.

Todo apunta a que éste no será el único incumplimiento, ya que las ayudas y subvenciones a la industria militar vasca son el pan nuestro de cada día. Pero en la tarea de acabar con esa vergonzante industria vasca de armamento nada cabe esperar de instituciones y organizaciones políticas. Todo dependerá del empeño que pongamos en conseguirlo. Sigan ellos con sus palabras huecas. Pero no permitamos que nos tomen por idiotas.

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