Los tribunales estadounidenses volvieron a echar mano del «secreto de Estado» para no investigar una denuncia contra una empresa de logística aérea sospechosa de haber participado en los vuelos secretos de la CIA.

La denuncia, interpuesta en mayo, acusa a una filial del grupo Boeing, Jeppesen Dataplan, de dar apoyo logístico a los aviones utilizados por los servicios de inteligencia para el traslado de presos a cárceles secretas.

Dos de los demandantes, un etíope y un italiano, fueron arrestados en Pakistán y trasladados a Marruecos. El tercero, de nacionalidad egipcia, fue apresado en Suecia y extraditado a Egipto. Los tres siguen presos. Otros dos, un yemení arrestado en Jordania y un iraquí en Gambia, quedaron libres sin cargos tras ser conducidos a Afganistán. Los cinco denunciaron su traslado «ilegal» y haber sido objeto de torturas, y reclamaron a Jeppesen una indemnización.

Pero, una vez más, el Gobierno intervino para atajar esta cuestión y pidió al juez James Ware, encargado de tramitar la investigación en el tribunal federal de San José, en el oeste California, que rechazara la demanda bajo el argumento de que «atañe a actividades secretas que no se pueden confirmar ni desmentir».

El magistrado tomó buena nota de esta petición y concluyó que «proseguir con este asunto pondría en peligro la seguridad nacional y las relaciones exteriores».

«Lo planteado en esta demanda no se puede solucionar en los tribunales porque se refiere a un secreto de Estado», reiteró.

En octubre, el Tribunal Supremo se negó a examinar una denuncia similiar presentada contra la CIA por Khaled El-Masri, un ciudadano alemán detenido erróneamente, que cinco meses después, fue liberado. El argumento fue el mismo; «el secreto de Estado». El propio Bush lo ha utilizado hasta en 39 ocasiones para impedir la apertura de investigaciones, parlamentarias o judiciales.