El Departamento de Educación del Gobierno de Lakua señaló ayer que el objetivo de la información emitida la víspera era el de «no aumentar la alarma social» que estaba generando el hecho e insistió en que tampoco existió desde este Departamento voluntad de «manifestar una falta de sensibilidad hacia las menores involucradas en el grave suceso, ni hacia sus familias; pero si así pudiera haber resultado, no tenemos reparo alguno en pedir disculpas por ello», añadió en una nota.

El Departamento dirigido por Tontxu Campos había califica-do de «conflictiva» a la joven de 15 años que fue brutalmen- te agredida en un espacio pú-blico el pasado día 10 de febrero en Ermua, toda vez que se refirió a «serios desajustes familiares» y a datos referentes al historial médico de una de las su- puestas agresoras.

Educación mostró ayer vo-luntad de trabajar para que, con la colaboración de todos los agentes sociales, «los jóvenes desarrollen valores cívicos de convivencia no sólo en las aulas, sino en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida».

Una muestra de la envergadura de esta polémica la ofrece el hecho de que, en paralelo, la propia portavoz del Ejecutivo señalara creer que Educación «ha medido bien qué dar y por qué darlo, ya que, antes de que Educación dijera algo, este tema llevaba ya un par de días en los medios dando mucha información, y muchas veces, a través de eso, la sociedad se puede llevar la impresión de que ese tipo de sucesos tienen más peso del que verdaderamente tienen o de que no se siguen como se debiera o no se hace lo necesario».

«Seguimientos muy cercanos»

Miren Azkarate añadió que el Departamento de Educación pretendió informar de que se realizan «seguimientos muy cercanos» sobre este tipo de sucesos «desde hace mucho tiempo» y que esas informaciones «se deben limitar al entorno a los que se deben limitar».

El responsable foral vizcaino de Bienestar Social, Juan María Aburto, quiso también terciar para constatar que hechos «dramáticos» como el referido «están aumentando en frecuencia», lo que, a su juicio, debe ser una «llamada de atención para todos, tanto para el sistema educativo como para el familiar y para el sistema de servicios sociales, porque está en juego la convivencia en el sentido más puro de la palabra».

Además de instar a la coordinación entre los servicios preventivos y de atención posteriores, Aburto consideró que la nota de Educación no ofrecía «ningún dato personal de las menores, sino de circunstancias que han rodeado el hecho», aunque, no obstante, valoró que «cuanto menos se hable del asunto, mejor». Por ello, pidió «mucha prudencia», dado que se trata de «menores de edad, sujetos de protección».

Por su parte, el Ararteko, Iñigo Lamarka, cuestionó si respuestas como las ofrecidas por el Departamento de Educación se producen «para atenuar nuestra responsabilidad, para aliviar nuestras conciencias», para añadir que «lo principal es que no solamente hubo una agresora y, por tanto, tenemos que ir más allá». Insistió en que «todos los poderes públicos y la sociedad en su conjunto» deben asumir su responsabilidad y realizar una reflexión sobre por qué el uso de la violencia para algunos jóvenes es «algo intrascendete o incluso disfrutan de ello».