Dijo ayer el lehendakari, Juan José Ibarretxe, que el PSOE y el PP son «un yogur caducado». Lo dijo por contraposición a que el PNV es, según él, «el único producto fresco que hay en el mercado». Se ve que a los jeltzales les gusta el yogur, pues ya en su día Xabier Arzalluz lo utilizó para dejar al descubierto lo poco que duraba la palabra de los dirigentes del PSOE. «El PSOE es como un yogur -decía en 1999 el entonces presidente del EBB- porque los acuerdos a los que llegas con ellos, al cabo de quince días no valen».

José Luis Rodríguez Zapatero podrá aducir de esta forma en su defensa, que lo de faltar a la palabra dada va en el ADN del partido, porque lo cierto es que no son pocos los compromisos adquiridos por el actual presidente del Gobierno español de los que después se ha desdicho. Habrá quien recuerde en su defensa que prometió sacar a las tropas españolas de Irak y que así lo hizo; con rapidez además (en menos de 15 días). O que también ha cumplido otras promesas como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Nadie podrá negarlo, como tampoco nadie podrá negar que cuando sus compromisos se han referido a cuestiones relacionadas con las demandas nacionales de Euskal Herria o de Catalunya, la advertencia de Xabier Arzalluz se ha revelado como «palabra de Dios».

El 13 de noviembre de 2003, José Luis Rodríguez Zapatero anunció solemnemente que «apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán». Catalunya estaba de campaña para sustituir a Jordi Pujol al frente de la Generalitat y Zapatero no era todavía presidente del Gobierno ni se adivinaba aún que apenas cuatro meses después pudiera alcanzar la Moncloa. Así que en el calor del mitin electoral y ante 20.000 personas que le aclamaban hizo una promesa que después fue incapaz de cumplir. Y eso que al día siguiente su mano derecha en el PSOE, Jesús Caldera, aseguraba que el partido estaría como un solo hombre apoyando el texto que saliera del Parlament, como el jefe había comprometido la víspera.

La palabra de Zapatero duró más de los quince días previstos por Arzalluz, pero simplemente porque no tuvo que tomar una decisión al respecto hasta casi dos años después. Pero cuando el proyecto de reforma del Estatut que salió de Catalunya con el apoyo del 90% del Parlamento autonómico llegó a Madrid, ni el PSOE cerró filas en su defensa, ni José Luis Rodríguez Zapatero lo apoyó.

Precisamente, en la negociación de ese texto, el inquilino de la Moncloa volvió a dar una muestra de la alegría con la que reparte promesas y acuerdos. Zapatero necesitaba del apoyo de CiU para sacar el texto en las Cortes, porque ERC no estaba dispuesto a aceptar el cepillado pretendido por el PSOE. Así que a última hora se gestó una reunión en palacio con Artur Mas en la que además de lo referido a la letra del Estatut, el presidente puso sobre la mesa otros anzuelos como la promesa de permitir que tras las próximas autonómicas gobernara en Catalunya el partido más votado. El resumen de lo acordado y de su resultado lo expresa con nitidez el propio Mas: «Zapatero se ha pasado por el forro las reglas de juego que pactó conmigo».

Ni siquiera lo escrito le sirve al presidente del Gobierno español. Ahí está como ejemplo el acuerdo de principios con ETA que dio lugar al alto el fuego de marzo de 2006. Aquel texto, ratificado por las dos partes en noviembre de 2005 y que contemplaba una declaración, un preámbulo y unas aclaraciones que no debían enunciarse, garantías y otras cuestiones, se comenzó a incumplir a las primeras de cambio. Se podrá aducir -como de hecho hicieron los representantes gubernamentales- que el Ejecutivo no tiene la posibilidad de controlar todos los poderes y poner frenos a los desmanes de algún juez. Pero lo que ya resulta impropio del rigor con el que debiera afrontarse un proceso de estas características es que lo que debía ser una declaración solemne del presidente del Gobiern, se convierta en una comparecencia ante la prensa en los pasillos del Congreso, donde Zapatero habla «de memoria», cambiando elementos de una declaración que había llevado meses consensuar. Como declaraba Txema Montero en una reciente entrevista, «me imaginé a los dirigentes de ETA diciendo: `esto no es serio'».

También el PNV ha comprobado en sus propias carnes la «generosidad» con la que negocia Zapatero cuando está necesitado de apoyos. Uno de los puntos de acuerdo alcanzados en octubre de 2006 para que los jeltzales avalaran los Presupuestos Generales de 2007 fue la renovación continuista del Cupo, que vencía a 31 de diciembre de 2006. El plazo pasó, el Cupo se prorrogó durante un año como estaba previsto legalmente, y no hubo un acuerdo hasta setiembre de 2007. Otro caso. También en diciembre de 2006 PNV y PSOE avanzan un acuerdo para blindar el Concierto económico a través de la reforma del Tribunal Constitucional. Pero la ley del TC se reforma y el blindaje no llega. El PNV anuncia en marzo de 2007 que esta decisión tendrá sus consecuencias y se habla de que rompe su colaboración con el PSOE en el Congreso. Un mes después, Zapatero promete desde la tribuna del Senado blindar el Concierto antes de terminar la legislatura mediante la reforma de «una o dos leyes». El PNV muestra su escepticismo, dada la experiencia anterior y conocedor de lo poco que el Concierto le gusta a Pedro Solbes, vicepresidente económico del Gobierno. Y, efectivamente, las sospechas jeltzales se muestran ciertas y termina la legislatura sin que Zapatero llegue a «fortalecer la se- guridad jurídica del Concierto a través de la reforma de una o dos leyes», como había prometido el 25 de abril.

Pese a todas las reticencias mostradas por los jeltzales y a los anuncios de que no haber cumplido lo acordado en torno al blindaje del Concierto tendría consecuencias -como aseguró Iñigo Urkullu-, lo cierto es que en el tramo final de la legislatura el PNV se convirtió en uno de los principales aliados del Gobierno de Zapatero. Con su voto se aprobaron los presupuestos generales del 2008 y con su voto se impidió la reprobación de la ministra de Transportes, Magdalena Alvarez.

Ahora el PNV está pidiendo el apoyo del electorado para convertirse en el árbitro que decida si será Zapatero o Rajoy quien alcance la Moncloa. El candidato jeltzale por Araba, Emilio Olabarria, apostaba este fin de semana por un empate entre ambos, para que su partido tuviera la llave de la gobernabilidad en Madrid y quien quisiera ser elegido presidente tuviera que comprometerse a aceptar el derecho a decidir de los vascos.

Vista la experiencia de ocasiones anteriores (el PNV ya pactó, por ejemplo, la primera investidura de José María Aznar) es más que cuestionable que esa sea una condición sin la cuál el PNV se niegue a aceptar otros réditos que le puede reportar el ser una fuerza decisiva, como aquellos referidos a los presupuestos o a la obtención de ciertas ventajas para «empresas del país», como las logradas para Euskaltel en el 96.

Pero si se diera el caso de que de verdad se ponen duros y arrancan de nuevo a José Luis Rodríguez Zapatero el compromiso de que «el Gobierno español respetará las decisiones que sobre su futuro adopten libremente los ciudadanos vascos», ya pueden correr a hablar con Miguel Sanz y convocar una consulta en 15 días, antes de que caduque el yogur.