Un juzgado de Iruñea ha atendido la demanda interpuesta por sindicalistas de LAB, ELA y CGT contra la empresa Onena por despido improcedente. Se trata de los miembros del comité de empresa. La juez de lo social ha considerado que el despido de todos los delegados sindicales junto a algún trabajador más encubría en realidad una actitud «antisindical» por parte de la empresa. Del relato contenido en la sentencia se desprende que el despido disciplinario de esas personas pretendía castigar su actividad sindical, dentro del conflicto que la empresa mantiene con los trabajadores. No en vano, el despido se da en el contexto de fuertes protestas por parte de los trabajadores que incluyen una huelga. Además, los despidos se producen después de que la empresa llegara a un acuerdo que conllevaba el final de la huelga, acuerdo que se firmó precisamente con ese mismo comité de empresa.

Más allá de la sentencia que ha desenmascarado la prepotencia de un empresario concreto, el caso de Iruñea expresa con claridad la impunidad con la que actúa actualmente gran parte de la clase empresarial. Impunidad que tiene un punto obsceno también presente en este caso. No contentos con los beneficios extraídos de la flexibilización progresiva del mercado laboral que además ha traído pareja una galopante pauperización de la clase trabajadora, los empresarios no dudan en forzar al máximo los límites de la legislación para castigar a los trabajadores más activos en la defensa de sus puestos de trabajo y los derechos de sus compañeros y compañeras. En este caso concreto la actitud burda de la empresa ha dejado en evidencia ese objetivo, pero no cabe duda de que la presión empresarial esquiva a menudo las consecuencias de esa actitud «antisindical».

Frente a todo ello, en un momento en el que las funciones del sindicalismo están sujetas a debate como consecuencia de la nueva realidad sociolaboral que vivimos, la sentencia demuestra el valor intrínseco de la lucha sindical.