Decenas de trabajadores de las residencias públicas para personas mayores de Bizkaia reclamaron ayer a la mañana ante el palacio foral, en Bilbo, más recursos humanos y materiales para los centros dependientes de la Diputación y que exista una mayor planificación.

El último ejemplo de la política del PNV en materia de Acción Social, según criticaron, es el cierre del centro de día de Txurdinaga, ubicado en la calle Txomin Garat número 40, cuyos once usuarios serán derivados a la nueva residencia de Txurdinaga Barri. Los sindicatos denunciaron «oscurantismo» de la Diputación vizcaina a la hora de explicar a las personas mayores y a sus familias las condiciones del traslado y los derechos que les asisten.

La medida la enmarcaron en la política de privatización de servicios emprendida por la institución foral. Desde el Departamento de Acción Social justificaron el traslado en que en la torre que ocupaba el centro de día del IFAS se van a construir apartamentos tutelados para personas mayores válidas mientras en las otras dos continúan 70 ancianos ingresados.

La denuncia sindical no se limitó a este caso. El presidente del comité de trabajadores, Aniceto Prieto, señaló que los sucesivos cambios que se están dando en las residencias, con más necesidad de recursos humanos y materiales para atender a personas dependientes con diferentes problemáticas físicas y síquicas, no están siendo cu-biertos. Fuentes forales rechazaron las quejas sindicales y las situaron en el marco de las negociaciones que se mantienen respecto al convenio de los empleados.

Pero las críticas van más allá. Los representantes de los trabajadores del IFAS pusieron como ejemplo de la falta de planificación las condiciones a las que se somete al personal y a los usuarios de la residencia de Leioa. «Para adecuar las instalaciones a las nuevas unidades para pacientes infecciosos, siquiátricos, terminales y en estado vegetativos se trasladó a los ancianos sin consultar a los médicos, sicólogo y auxiliares, lo que motivó que algunos de los afectados se sintiesen expulsados y estuvieran llorando durante días y no durmieran», explicaron.

Además, afirmaron que las unidades sociosanitarias, financiadas por Diputación y Osakidetza, son «hospitales encubiertos» en los que no se dispone de los recursos humanos y materiales adecuados para atender a estas personas mayores convalecientes, que son sus usuarias.

Empleados del centro de Leioa comentaron que, en el último año, sus condiciones de trabajo han empeorado, al ir asumiendo tareas con la diversidad y complejidad de las patologías que afectan a muchos de los internos.

Fuentes de Acción Social incidieron en que los ratios de personal en Leioa están por encima de los establecidos por los decretos del Ejecutivo de Lakua para así poder atender en condiciones a los ancianos, además de que no están todas las plazas cubiertas. En cuanto a los problemas surgidos con los traslados de los internos, restaron gravedad a las situaciones creadas, situándolas en la normalidad del funcionamiento de la residencia.