Los líderes de los Veintisiete participan desde ayer en una cumbre, en la que la repercusión de las turbulencias financieras en la economía mundial ocupará buena parte del debate. El consejo europeo de primavera estará consagrado, como es tradicional, al ámbito económico y está previsto que los jefes de Estado y de Gobierno den su visto bueno a un nuevo ciclo de reformas, para los tres próximos años, dirigidas a aumentar la competitividad de la economía europea.

En ese análisis, los líderes no podrán pasar por alto la creciente volatilidad que viven los mercados y el riesgo cada vez mayor de que la economía de Estados Unidos entre en recesión.

Los responsables de la política económica comunitaria se esfuerzan por transmitir tranquilidad y se niegan, por el momento, a hablar de crisis en Europa, pero reconocen que el repunte de la inflación -espoleada por el encarecimiento de los alimentos, el petróleo y otras materias primas- y la fortaleza del euro se están convirtiendo en un problema.

Para hacer frente a esta coyuntura y mejorar la respuesta ante futuras crisis, los líderes abogarán, entre otras cosas, por aumentar la transparencia en el sector financiero y reforzar los mecanismos de evaluación y supervisión.

La Comisión Europea ha dejado claro que, en este contexto de incertidumbre y desaceleración, resulta fundamental que los Veintisiete se comprometan a continuar con la llamada «agenda de Lisboa», que apuesta por las reformas y el impulso de la innovación para mejorar la competitividad.

También en el ámbito económico, los jefes de Estado y de Gobierno hablarán sobre política energética y, en concreto, sobre los planes para impulsar la liberalización en los mercados del gas y la electricidad.

Está previsto que los Veintisiete se comprometan a lograr un acuerdo sobre la separación de la propiedad de las redes de transporte de energía, el punto que suscita más controversia, en junio.

Además, pedirán al Estado español que introduzca más competencia en el sector de la electricidad, mediante la supresión de tarifas reguladas y la construcción de nuevas interconexiones. Recaman que «tome más medidas para incrementar la competencia, especialmente prosiguiendo la eliminación de todas las tarifas, con objeto de asegurar que no haya distorsión de los precios, y mejorando la capacidad de interconexión transfronteriza para garantizar la seguridad del suministro».