Chaib Lazaar complementa su formación profesional con las prácticas en una empresa. «Si me cogen, conseguiré permiso de trabajo», adelanta con un notable nivel de conocimiento de castellano este marroquí de Tánger que llegó a Bizkaia con 15 años de edad y vive en la actualidad en un piso de acogida con otros jóvenes y educadores.

Anouar Ouadda, por su parte, lo ha tenido más complicado, ya que al llegar a Bilbo procedente de la provincia de Errachidia, en el sur marroquí, tenía 17 años y medio. Tras permanecer en un centro de acogida hasta los 18, fue al albergue en el que reside en la actualidad, mientras estudia para sacar el Graduado Escolar y cursa electricidad.

Sus testimonios, que han podido ser escuchados en las Jornadas de Menores Extranjeros no Acompañados organizadas por la comisión de menores de SOS Racismo, vienen a arrojar cierta luz acerca de la situación que vive este colectivo que, sólo en Bizkaia, suma más de 350.

Lazaar explica su proceso migratorio en base a motivos «sociales y culturales. Mi familia no supo que me iba y ni siquiera ahora les tengo que ayudar económicamente. Los padres de un vecino, amigo mío, eran traficantes y él me ofreció cruzar el estrecho. Lo pensé y en dos días tomé la decisión; me escapé».

Ouadda, por su parte, inició sus estudios de Bachillerato y aunque sí era consciente de que muchos partieron hacia los estados francés y español, nunca había pensado en migrar. Sin embargo, «sabía que allí no tenía futuro. Para buscar un trabajo tienes que pagar».

Bizkaia era su objetivo

De acuerdo con su familia y al objeto de ayudar económicamente a ésta, decidió abandonar su casa. Con el dinero de sus padres llegó a Tánger y en el puerto de esta ciudad un amigo le puso en contacto con un camionero; pasó el estrecho oculto en los bajos del camión y, ya en Algeciras, contactó con compatriotas que le ayudaron en su tránsito a Euskal Herria.

Chaib y Anouar destacan que todos los menores que llegan a Euskal Herria desde el Magreb buscan aprender castellano inmediatamente -el euskara en segundo lugar- formarse y buscar trabajo para intentar su máximo objetivo: el permiso de trabajo. En ese camino, Anouar confiesa que no detalla a su familia las condiciones reales en que se encuentra y ambos subrayan que ser repatriados supondría «un fracaso personal» que, en el caso de Ouadda, alcanzaría a toda la familia.

Ambos coinciden en señalar que Bizkaia era su objetivo -al igual que en las migraciones del pasado siglo quienes llegaron a Euskal Herria procedían de los mismos pueblos, la práctica totalidad de chavales marroquíes proceden de dos únicas provincias- porque tenían referencias de las aceptables condiciones de la acogida en este herrialde.

Y éste ha sido el asunto de mayor debate. En el contexto de las intervenciones del público, Brahim Aziz describió su estancia un año en el centro de acogida de El Vivero, experiencia que extendió a El Garmo, en Artzentales, para concluir que «te encuentras en otro mundo, entre ovejas, sin poder aprender español ni ninguna profesión. No sabes ni utilizar la tarjeta del metro, para que luego, al cumplir 18 años, te veas en la calle».

Gestión «directa y pública»

El comité de empresa de la Diputación de Bizkaia, por boca de Aniceto Prieto, ha reclamado la gestión directa y pública de la red de centros de acogida y la conviviencia mixta «para mejorar las condiciones vitales, educativas y de integración».

Calificó de «grave» las situaciones de hacinamiento en algunos centros, así como «la privatización y el negocio que esto supone para algunas empresas» ligándolo a las malas condiciones laborales en las mismas. Cifró en unos 290 los chavales acogidos en centros privados, por unos 60 en públicos.

Calificó ONGs como Emankor-Landalan, Urgatzi -que gestiona, entre otros servicios, los centros de Artzentzales y El Vivero- Berriztu, Bizgarri, Cáritas y Agintzari de «empresas subcontratadoras, máximo exponente de la explotación, ya que si fueran ETTs duplicarían los sueldos que mantienen actualmente».

En este contexto, Prieto animó a la Diputación a crear alternativamente Centros de Iniciativa Profesional (CIP) en El Vivero o Artzentales, o a llevar a los chavales acogidos a los CIP que existan en las cercanías, y recordó la inviabilidad de centros con 50-70 personas, como los de Zornotza o Loiu, algo también recomendado por el Ararteko.

Subrayó «los buenos resultados de convivencia» con chavales «de dentro y fuera del Estado español» en centros públicos, que acogen 12 chavales máximo, y añadió que, según los datos estadísticos, «los chicos que vienen de fuera son menos problemáticos que los vizcainos».