La Eurocámara aprobó ayer, sin enmiendas, la polémica directiva de retorno que supondrá la repatriación de millones de inmigrantes en situación irregular y que ha suscitado las críticas desde sectores de izquierda, sindicatos y ONG, que la han calificado de «directiva de la vergüenza». Según la nueva normativa, los inmigrantes podrán ser retenidos hasta 18 meses mientras se tramita su salida del país y, tras su expulsión, no podrán regresar a la UE en cinco años.

Antxon Lafont, presidente del CES Vasco, pidió al lehendakari Ibarretxe que resuelva «cuanto antes su cese». Lafont, que renunció al salario de presidente cuando accedió, considera que la existencia del veto impide la actividad y culpó del mismo, sobre todo, a Confebask.

Los abogados de los imputados en el sumario 33/01 denunciaron ayer «la pobreza» de las acusaciones contra sus defendidos y que la «falta abrumadora» de pruebas de cargo «raya el esperpento». Aserguraron también que, pese al empeño de la Fiscalía en resaltar el «carácter democrático» del juicio, ha quedado demostrado el «impulso político» que hay detrás del proceso para «tapar con un velo las vulneraciones que ponen en quiebra el Estado de Derecho».