Coger el rábano por las hojas es práctica que viene de antiguo. Y la carencia de recursos intelectuales obliga a la columnista (o columnisto, según nueva doctrina gubernamental) a arrastrar un argumento ajeno hasta la propia brasa.

Ayer Carmen Gurruchaga, en «La Razón», se refería al caso de Ingrid Betancourt para zurrar a los guerrilleros y llegar así hasta Euskal Herria: «Hay quien denomina a las FARC de grupo guerrillero, pero si lo fue en algún momento de sus 46 años de existencia, los mismos que tiene la política liberada, perdió todo atisbo de romanticismo desde el momento en que empezó a usar el narcotráfico como fuente de financiación».

A partir de ahí empieza el largo viaje desde la selva colombiana hasta las praderas vascas. Observen la trayectoria: «Las FARC han descarriado en el pulso con Uribe, porque éste se ha mantenido firme y no ha perdido de vista el horizonte final de la derrota de los terroristas».

Y finge dolerse Gurruchaga porque lo de Colombia no tiene «nada que ver con lo que sucede por nuestros pagos, donde los etarras, in extremis, siempre reciben oxígeno de su entorno, obviamente; del Gobierno, cuando quiso negociar; del PNV, porque necesita los votos de sus acólitos en las próximas autonómicas; de los empresarios porque les pagan». Ya llegó a Pancorbo.

Aplaude la columnista la última actuación de Garzón contra empresarios que, dicen, habrían pagado el impuesto revolucionario a ETA. Y sentenciaba Gurruchaga: «De la voracidad terrorista no se salvan los `capitalistas', pero tampoco los intelectuales, ni los obreros, ni los guardias... Es decir, nadie que se oponga al totalitarismo, al asesinato, al chantaje o a la dictadura de las pistolas. Por este motivo, la clase empresarial debería actuar como el resto de los colectivos afectados; sin satisfacer las exigencias etarras. Es humanamente comprensible la tentación de comprar seguridad a cambio de dinero, pero no, si ese dinero se utiliza para comprar balas con las que asesinar a quienes no pueden pagar la libertad, con lo que los pagadores desvían el tiro hacia otras personas».

Y por si no había quedado claro, remacha: «Si un agente de la autoridad ayuda a ETA o un intelectual escribe o da una charla a favor de la banda, son acusados de colaboración con banda armada o de enaltecimiento del terrorismo. Quien subvenciona a los terroristas aunque sea involuntariamente, también incurren en un delito». Que se lo diga mirándoles a los ojos.