El alcalde de Bastida, Higinio Arinas, había convocado un pleno extraordinario en la tarde del viernes, con un único punto en el orden del día: proponer la suspensión de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hasta que se resuelva la denuncia presentada por la Fiscalía sobre el caso del campo de golf, en el que han sido encausados el ex alcalde Iñaki Gil y tres promotores de este contestado proyecto.

El pleno del Ayuntamiento de Bastida lo componen nueve concejales; dos de EB, entre ellos el primer edil Arinas, dos del PNV, uno de la Asociación Vecinal Bastida, y cuatro del PP -las listas de la izquierda abertzale fueron vetadas-. El alcalde convocó para las 20.00 del viernes un pleno para revisar el plan de ordenación urbana y suspender el proyecto del campo de golf, pero a la cita no se presentaron los concejales del PNV ni del PP, que alegaron «motivos personales». A pesar de esta ausencia, era posible la celebración del pleno, no así lograr el quórum suficiente para decidir la suspensión del PGOU, ya que para ello es necesario obtener la mayoría absoluta.

Los dos ediles de EB y el de la Asociación Vecinal Bastida, que sí acudieron a la sesión plenaria, insistieron en la «necesidad de adoptar medidas cautelares en torno a este proyecto, para que después la Justicia no pueda acusarles de no hacer nada desde el consistorio para impedir la comisión de un delito», según señalaron fuentes del grupo municipal del alcalde.

Estas mismas fuentes anunciaron que tras la espantada del PP y de la formación jeltzale, el primer edil volverá a convocar el pleno «en cuento pueda», aunque eso difícilmente será antes de setiembre.