En la polémica sobre la futura residencia de Iñaki de Juana faltaba una voz. Se echaba en falta la estridencia de Jon Juaristi que, desde su torre de marfil nos contaba en «Abc» qué pasa en Euskal Herria. Según Juaristi, hasta ahora, «los asesinos regresaban a sus pueblos, tras cumplir condena, henchidos de orgullo y sin trazas de arrepentimiento. Una vez en casa, se dedicaban a hacer la vida imposible, no ya sólo a los familiares de los asesinados, sino a los que consideraban tibios en su propio bando. A los etarras arrepentidos, en las cárceles, se les aislaba de sus antiguos compañeros, pero en los pueblos y barrios no podían eludir las agresiones de éstos, secundados por la chusma abertzale local. Lo normal era que se fueran a otra parte las familias de las víctimas y los reinsertados, mientras los matarifes se quedaban dominando el territorio, más chulos que nadie». Ahora, dice Juaristi, «algo ha mejorado la situación» en referencia a los apaleamientos a cargo de la Ertzaintza y la Policía Nacional a quienes pretendan recibir a los prisioneros.

Y sigue Juaristi con sus obsesiones: «Quienes hemos vivido en ese desdichado trozo de España jamás conseguiremos borrar de la memoria la obscenidad de los discursos de bienvenida en eusquera, los chistularis y los aurreskus de honor, en presencia muchas veces de las corporaciones municipales, como una versión indecente y necrófila de los homenajes tradicionales a los remeros o a los ciclistas». Y no se pregunta por qué.

Lo que trata de defender Juaristi es que a los ex presos hay que desterrarlos y advierte que «parece estúpido plantearse siquiera que prohibir a los asesinos vivir cerca de las víctimas pueda vulnerar los derechos constitucionales de aquéllos». Ahora se ha metido a constitucionalista. Y para fundamentar sus apetencias, recurre al estrambote: «si a los maltratadores y a los pederastas se les recorta la libertad de circulación y de elección de residencia para salvaguardar la integridad de sus víctimas, parece asimismo razonable que se vede el acceso de los terroristas condenados por delitos de sangre a los lugares de residencia de las víctimas del terrorismo. Si las que acaban yéndose de su pueblo son Pilar Elías y Pilar Ruiz Albisu, la Constitución se habrá convertido en una burla». La sima del despropósito no tiene fondo.