El Parlamento francés aprobó dos proyectos de ley con los que, por una parte, pone fin a la semana laboral de 35 horas adoptada hace diez años por el gobierno socialista francés; por otra parte, se endurecen las condiciones para que los parados puedan acceder al seguro de desempleo. Las medidas han sido criticadas por sindicatos y oposición. Estos últimos, han calificado la iniciativa de «retroceso social» y aseguran que recurrirán ante el Constitucional francés.