La legislación vigente en materia de consumo indica que un servicio sólo se puede cobrar si ha sido contratado previamente por la persona consumidora. Por lo tanto, la medida, a nuestro juicio, es ilegal, aunque la Compañía Telefónica se ampare en argumentaciones tales como que se trataba de un servicio promocional». Esta es la opinión que tiene la Federación de Consumidores de Euskadi-Euskal Kontsumidoreen Elkartea (EKE) sobre la decisión de Telefónica de cobrar a partir del próximo 1 de octubre el servicio de identificación de llamadas.

EKE, al igual que otras organizaciones de consumidores, ya ha denunciado esta actitud de Telefónica ante la Secretaría de Estado para las Telecomunicaciones, al tiempo que le pide que se posicione al respecto. «También se han remitido reclamaciones ante el Instituto Nacional de Consumo solicitando la apertura de un expediente sancionador. En definitiva, pensamos que se trata de una subida encubierta de la cuota de abono mensual», afirma Jon Ariño en nombre de EKE.

Por su parte, la asociación de consumidores Irache ha recibido en los últimos días más de 140 llamadas de personas que protestan contra esta decisión de Telefónica. Por ello, ha trasladado el asunto a su asesoría jurídica para que, «lo antes posible», estudie la posibilidad de interponer una denuncia ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Consumo y otros organismos públicos.

«Lógicamente, estamos en contra de que Telefónica cobre a los usuarios un servicio que ya tenían y que en ningún momento había dicho que se trataba de un servicio gratuito», recuerda Susana Arizkun en nombre de la asociación Irache.

«Es ilegal cobrar algo no solicitado»

Además de las reacciones de las organizaciones de consumidores vascas, también en el Estado español han surgido voces contra la decisión de Telefónica de cobrar por este servicio. Así, la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) fue la primera en presentar una denuncia contra esta compañía ante el Instituto Nacional de Consumo, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo, y ante las autoridades de Consumo en Madrid porque es allí donde Telefónica tiene su sede social.

Esta Federación no duda en calificar de «ilegal» el cobro de la cuota de 50 céntimos que quiere aplicar Telefónica a los usuarios «por un servicio que nunca han solicitado», por lo que defiende que expedienten a la compañía y le impongan una sanción.

En nombre de FACUA, Rubén Sánchez recuerda que desde el pasado 10 de julio la operadora ya incrementó la cuota de abono mensual de los casi dos millones de clientes que no tuvieran un paquete de servicios (Dúo o Trío con ADSL) o una tarifa plana de voz con este cobro por el servicio de identificación de llamadas. Por ello, insta a Telefónica a «devolver el dinero» y a «la paralización de estas prácticas» antes de octubre.

«Se está imponiendo al consumidor un servicio accesorio y complementario que nunca fue solicitado, cuya cuota mensual es de cero euros desde hace nueve años. Es algo que estaba implícito en las telecomunicaciones tanto fijas como en las móviles, que se concebía como un avance», señala Sánchez.

Según sus cálculos, el cobro de este servicio supondría una «subida encubierta» en la cuota de abono mensual de Telefónica del 3,6%. Por el contrario, esta compañía argumenta que la identificación de llamadas pasó a ser gratuita en el año 2001 «como producto promocional», de tal forma que «antes o después tenía que terminar la oferta». A este respecto, Telefónica asegura que ya ha informado de estos cambios a sus clientes, con un mes de antelación, para que puedan darse de baja en el servicio de identificación llamando al número 1004.

En cualquier caso, la decisión de Telefónica ha suscitado una fuerte oposición, hasta el punto de que la directora general de Consumo, Etelvina Andreu, ha asegurado que «puede ser legal, pero es una conducta no leal, ya que el consumidor no se ha dado de alta y nunca ha solicitado esta posibilidad».

Andreu ha anunciado que el Instituto Nacional de Consumo está estudiando el asunto, y ha pedido a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que cuantifique el número de afectados.

Además, rebate los argumentos de Telefónica con una reflexión que también se han hecho las asociaciones de consumidores. «Lo lógico -dice- es que si un servicio es gratis y ahora se cobra, nadie tuviera que darse de baja, sino al revés. Es decir, el que lo quiera tener que se dé de alta».

Por ello, Andreu ha adelantado que «si se trata de un caso de cláusula abusiva, se requerirá a Telefónica para que no aplique el cobro de este servicio».