La derechona más recalcitrante tiene motivos para estar más que satisfecha. A golpe de presión mediática y aprovechando el miedo que tiene el PSOE de que le reste votos por sus propuestas populistas, está consiguiendo que el Gobierno de Zapatero vaya más lejos en su política represora contra las y los presos vascos incluso de lo que se atrevería el propio PP si estuviera gobernando. La decimoquinta reforma del Código Penal que anuncia va en esa línea. ¿Que el PP plantea 10 años de libertad vigilada una vez cumplida la condena? Pues ¡no va a ser menos! y propone 20, aunque vaya en contra del espíritu y la letra de su sacrosanta Constitución. Es lo que tiene gobernar a golpe de telediarios, tertulias y presiones de asociaciones de más que dudoso talante democrático: hay que estar en el candelero. Para ello se montan ruedas de prensa en las que re-anuncian proyectos que todavía están en pañales, como es el caso, cuando lo serio es que un gobierno salga a la palestra con proyectos concretos, acompañados de los preceptivos informes jurídicos y económicos que avalen la viabilidad de las medidas que se proponen en los mismos.

Pues todo lo contrario, sin ningún anteproyecto que concrete las medidas a adoptar, ahí tenemos la carnaza con que se han presentado los ministros de Interior y Justicia volviendo a reiterar de modo general lo que éste último ya anunció en junio, la reforma del Código Penal en cuanto al tratamiento de violadores y pederastas -para lo que cuenta con el aval unánime del Congreso de Diputados- añadiendo de su cosecha a «los terroristas» aprovechando que el Pisuerga... y de paso «distrayendo» el problema de la recesión económica, que en este momento está exigiendo medidas urgentes que brillan por su ausencia.

La propuesta de adicionar 20 años de libertad vigilada a quienes hayan cumplido su pena está siendo contestada -por previsible inconstitucionalidad- desde diversos sectores y cuestionada hasta por el periódico que habitualmente aplaude al Gobierno. Sin embargo, el endurecimiento de las penas para los casos de agresión y abusos sexuales, prostitución y pornografía infantil se dan por válidos en la agenda política. Otra cuestión va a ser la posibilidad de la castración química para violadores reincidentes. Habrá que ver como la plantean... si finalmente lo hacen.

La comparecencia de los ministros ha coincidido -probablemente porque lo sabían- con la irrisoria multa de 1.500 euros con que el CGPJ ha sancionado al juez Tirado, último responsable de que Santiago del Valle, pederasta declarado y presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés estuviera en libertad en el momento del crimen. Al margen de que el fiscal recurra la sanción para que sea calificada como muy grave, lo que le es exigible al Gobierno es que se deje de anuncios y ponga en marcha, ya, el registro específico de pederastas, que sin duda puede ser un instrumento eficaz para la protección de potenciales víctimas.