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Maite SOROA | msoroa@gara.net

El castellano, al borde de la desaparición

Repiten tanto sus trolas que, pienso, acaban por creérselas. Si no, no se explican editoriales delirantes como el que ayer publicaba «El Mundo» para explicar a todo el mundo que el castellano está oprimido y en peligro de desaparición.

Según el escribiente de Pedro J. Ramírez, «nuestro país tiene el dudoso honor de ser el único en el mundo en el que los ciudadanos tienen que salir a la calle a reclamar ese derecho básico» (el de hablar en castellano, quiere decir).

Se manifestarán los alarmados lectores de Ramírez y, como ya adelanta, «si algo ha demostrado este movimiento en defensa de la lengua común y de las libertades es que se trata de una reacción civil, de ciudadanos hartos de ver cómo los Gobiernos autonómicos vulneran sus derechos mientras el Gobierno nacional no hace nada para evitarlo e incluso colabora implícitamente a ese atropello». Están más sonados que un boxeador al término del combate, ¿verdad?

Y como no les deben hacer demasiado caso, Ramírez y los suyos se mosquean: «La prueba más evidente de la escasa atención que esta causa ha obtenido por parte del grueso de nuestra clase política es su respuesta a la convocatoria de la Fundación Denaes. Al cierre de esta edición, ni IU ni los sindicatos UGT y CCOO se habían dignado a responder a la invitación. El PSOE había rechazado la formulada a su vicesecretario general, José Blanco, pero seguía sin comunicar la asistencia de ningún sustituto, tal y como la fundación le solicitó. Aunque semejante desdén sorprende poco, pues ni siquiera el PP ha sido capaz de encontrar un miembro de primera fila que le represente en este encuentro, y eso que la fundación organizadora la preside un diputado de su partido en el País Vasco, Santiago Abascal». Y no se preguntan por qué no les hacen ni puñetero caso. Ellos, a lo suyo.

Y, para concluir, hace recuento de sus mesnadas: «Quienes sí estarán mañana son las plataformas civiles de Cataluña, País Vasco, Galicia y Baleares, asociaciones de funcionarios que denuncian su discriminación en el acceso a la función pública, o de inmigrantes que ponen de relieve sus dificultades de integración por las restricciones al castellano en las comunidades supuestamente bilingües». Se deslizan, sin freno, por la pendiente del ridículo.

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