La portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados anunció ayer que el portavoz en la comisión de Justicia, Federico Trillo, y Arturo García Tizón, miembro de la dirección del grupo y uno de los redactores de la Ley de Partidos y de la demanda de ilegalización de Batasuna cuando estaba al frente de la Abogacía del Estado en el Gobierno Aznar, dirigirán un comité cuya misión es redactar un informe para determinar posibles actuaciones tanto si Eusko Alkartasuna opta por una asunción general de determinados objetivos de la izquierda abertzale, como si se decanta por la presentación de ciertos elementos de la izquierda abertzale en sus listas.

Sáenz de Santamaría remarcó que su grupo estudia «con atención» dicho asunto porque no sólo el PP, sino todas las fuerzas políticas, han de impedir que «de cualquier manera elementos vinculados a ETA, o que defienden sus objetivos por los mismos métodos, puedan de nuevo entrar en las instituciones».

Respuesta de EA

EA respondió al PP advirtiéndole de que las «amenazas son totalmente inútiles», ya que no impedirán su «apuesta por la articulación de un polo soberanista firmemente anclado en el respeto más escrupuloso a los derechos humanos».

En una nota, EA asegura que «nada más lejos de nuestra intención y de la propia realidad que un intento de colaborar con elementos vinculados a ETA» y acusa al PP de «paranoia ultrarrepresiva».

Según EA, la decisión del PP demuestra que «en Madrid tienen pánico a que en Euskal Herria los abertzales seamos capaces de unir fuerzas para dar forma a un movimiento pacífico y rotundo por la soberanía».