Sólo la debilidad política y el fanatismo etnicista pueden explicar que la bandera de España sea impuesta en el parlamento de las tres provincias por sentencia judicial -aplicada, si fuera menester, por las armas del Estado, entre las que se cuenta la Ertzaintza- en sustitución de la voluntad de los ciudadanos a los que se permite votar, que no son todos. El resultado final es poco más que una charlotada, con la piper poto como elemento central del escenario.