El conflicto político entre el Gobierno de Sri Lanka y la resistencia tamil es uno de los más duros y crueles de todo el mundo. En concreto, la represión contra la población tamil por parte del Gobierno y del Ejercito cingalés es un genocidio en toda regla. Esa represión alcanza también a quienes desde la comunidad cingalesa critican las prácticas antidemocráticas de su Gobierno.

Organismos como la ONU o Amnistía Internacional equiparan a las partes en liza, criticando por igual al Gobierno y a la guerrilla tamil. Evidencian así una falta completa de coherencia, por no tener en consideración el diferente grado de responsabilidad que, aunque sólo sea en la esfera internacional que se supone gestionan esas entidades, tienen las dos partes.

Otros agentes internacionales, como EEUU o la Unión Europea, van más lejos aún y plantean abiertamente que la solución al conflicto vendrá de una rendición por parte de la resistencia tamil. También es cierto que en este caso no se puede hablar de falta de coherencia, sino de coherencia con una visión totalmente perversa y pervertida de las relaciones internacionales, y de su relación con los derechos humanos.