«Da igual que se apliquen protocolos o que haya médicos forenses. Da igual que organismos internacionales condenen a Madrid, porque el Estado español sigue torturando». Así de claro expuso el representante de Torturaren Aurkako Taldea Aiert Larrarte la principal y más evidente de las conclusiones que ofrece el informe sobre la tortura de TAT de 2008. Un periodo en el que se ha dado cuenta, en algunos casos, de la aplicación del conocido como «Protocolo Garzón» a los vascos incomunicados; sin embargo, 19 de las denuncias de tortura han sido realizadas por personas a las que en teoría se les han aplicado esas medidas preventivas.

Hoy se conmemorará el veintiocho aniversario de la muerte del vecino de Zizurkil Joxe Arregi por las brutales torturas que padeció a manos de la Policía española, por lo que se realizarán decenas de protestas en todo el país. En la víspera, Torturaren Aurkako Taldea dio a conocer ayer en Donostia el informe que, «por desgracia», vienen realizando cada año. En representación del colectivo que aglutina a los más de siete mil torturados vascos, los abogados Aiert Larrarte y Ane Ituiño constataron de entrada que «no ha habido ni un año sin sacar el informe». El referente a 2008 arranca con las duras y crudas palabras del joven vizcaino Gorka Lupiañez, con el que la práctica de la tortura a manos de la Guardia Civil conoció un más que evidente salto cualitativo, tanto por el ocultamiento de su arresto durante al menos un día como por los brutales métodos empleados.

La tortura ingresada en la UCI

De forma más gráfica se reveló la existencia de la práctica de la tortura a principios de año. El vecino de Lesaka Igor Portu fue ingresado urgentemente en la UCI del Hospital Donostia, por el riesgo que corría su vida. GARA dio cuenta entonces del maltrato sufrido por él y por Mattin Sarasola. Fue en enero, pero el año acabó con un total de 62 denuncias de tortura, todos ellos a manos de los cuerpos policiales del Estado español, en este caso la Policía y la Guardia Civil.

Aunque el informe de TAT recoge más de una treintena de testimonios, Ituiño se refirió la imposibilidad de recabar todos los testimonios por «el miedo» de algunos de los denunciantes a realizarlo de forma pública. Una incapacidad que, según TAT, evidencia que la práctica de la tortura sigue aplicándose tiempo después, ya que «muchas veces, las consecuencias que dejan las torturas sicológicas son mucho más hondas que las físicas, aunque estos sean más espectaculares».

TAT también evidenció la nula efectividad de las medidas del «Protocolo Garzón», que no se implementan en su totalidad, y que demuestra que la única medida para la prevención de la tortura es, como exigen a Madrid desde instancias internacionales, la derogación de la incomunicación a los detenidos.

Además de criticar la falta de compromisos de los partidos para erradicar «una práctica que también es un problema real en este país», citaron de forma especial el tratamiento que realizan los medios. Y lo hicieron, tal y como recoge el informe, con un ejemplo clarificador: el caso de Igor Portu. Censuraron que varios medios llegasen casi a justificar la tortura por haber sido detenido en supuesta posesión de un arma.

Lo que sí desearon fue que no haya balance sobre el 2009. En ese sentido, anunciaron una ronda de contactos con los agentes políticos y sindicales.