El ex Relator Contra la Tortura de las Naciones Unidas Theo Van Boven emitió ayer un comunicado al respecto del juicio que arrancará mañana en la Audiencia Nacional española y que sentará en el banquillo a doce alaveses que denunciaron duros episodios de tortura a manos de la Guardia Civil en agosto de 2001. Van Boven recordó ayer a Madrid que como Estado firmante de la Convención Contra la Tortura de la ONU cuenta con la «obligación» de asegurar que «toda declaración que se establezca que ha sido efectuada como resultado de la aplicación de la tortura no pueda ser invocada como evidencia en ningún procedimiento».

En el proceso judicial que arrancará mañana en el tribunal especial estos doce vascos se enfrentarán a una petición de seis años de prisión, acusados de «pertenencia a banda armada», como consecuencia de un operativo policial a goteo en base a las declaraciones que las FSE les iban arrancando en comisaría. Basta con recordar la imagen que recorrió el mundo para comprender la dimensión de este nuevo proceso judicial: el rostro totalmente deformado de Unai Romano, que se puede ver en la fotografía superior.

Material visual «alarmante»

El ex Relator Contra la Tortura de la ONU recuerda que durante la visita que realizó en 2003 al Estado español recibió diversas comunicaciones alarmando sobre las torturas que denunciaban estos alaveses. «En ciertos casos las alegaciones eran corroboradas por alarmantes materiales visuales, como sucede en relación con el Sr. Unai Romano, con quien me reuní en persona», prosigue Van Boven. Mientras que las instancias españolas archivaron las denuncias de torturas, el Tribunal de Estrasburgo acoge desde octubre la causa de Unai Romano.

Van Boven recuerda que sus «propios hallazgos», junto a informes internacionales, le llevaron a «la opinión sopesada de que las prácticas de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes continúan ocurriendo en España de manera más que esporádica o incidental». Y recuerda que desde instancias internacionales han vuelto a criticar en 2008 a Madrid por no implementar mecanismos para erradicar la práctica de la tortura, siendo la incomunicación una de sus principales fuentes.

Otra de las críticas que vuelve a realizar a Madrid es la no investigación de las denuncias de torturas. Así, y señalando el caso de estos doce alaveses, recuerda que siendo el Estado español firmante de la Convención Contra la Tortura de la ONU cuenta también con la obligación de «asegurar que cualquier particular que alegue haber sido sometido a torturas en cualquier territorio bajo su jurisdicción tiene derecho a denunciarlas y a que su caso sea pronta e imparcialmente examinado».