Perú se encuentra sumida desde el pasado día 7 de julio en una jornada de protestas que concluirá hoy, después de tres días de paros y movilizaciones en favor de los derechos de los pueblos originarios. Diferentes organizaciones indígenas, agrarias y campesinas confluyen en este paro andino amazónico con el compromiso de «construir un nuevo país».

La primera jornada de protestas, llevada a cabo el miércoles, fue especialmente sentida en el sur del país, donde la gran mayoría de regiones paralizaron y realizaron marchas y bloqueos de carreteras. Según informó el Movimiento Cumbre de los Pueblos (MCP), en Arequipa, a unos 1.000 kilómetros al sur de Lima, el paro fue total. En Joya, según la información difundida por este movimiento, los manifestantes fueron reprimidos por la Policía. En la ciudad de Pisco y en la región de Ayacucho, se reportaron bloqueos de vías desde primeras horas de la mañana, según señaló Radio Programas del Perú.

La ministra peruana de interior, Mercedes Cabanillas, manifestó que más de 35.000 agentes policiales y aproximada- mente 6.000 soldados «brindaron seguridad a diversos puentes y carreteras, así como instalaciones eléctricas, gasísticas y petroleras, entre otros puntos estratégicos».

Principales demandas

Una de las principales demandas de estos tres días de paro nacional es la inmediata renuncia del primer ministro, Yehude Simón, responsable según el (MCP), de la masacre de Bagua del 5 de junio. Decenas de indígenas murieron en los enfrentamientos, como consecuencia de la represión policial de una protesta a favor de los derechos de los pueblos indígenas. Los convocantes exigen también que el nuevo Gabinete acometa un cambio de la actual política económica neoliberal y convoque una Asamblea Constituyente que reconozca al Perú como un Estado plurinacional.

Reclaman, además, la derogación inmediata del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU y de los once decretos legislativos que criminalizan la protesta social. Estos decretos, emitidos en 2007, incrementan las penas por movilización, dan a las fuerzas armadas y policiales «licencia para matar» en las manifestaciones populares y prohíben a las autoridades locales y regionales apoyar las medidas de lucha de sus pueblos.

En cuanto a esta última petición, el MCP afirma que «la derogación de dos o cuatro decretos no basta» y añade que «hay que garantizar la defensa y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas dando fuerza de ley a la Declaración sobre dichos derechos de las Naciones Unidas».

Por último, demandan el retorno a Perú de Alberto Pizango, presidente del AIDESEP (Organización Nacional de los Pueblos Indígenas Amazónicos de Perú) que continúa exiliado en Nicaragua, y exigen la promulgación de una Ley de Amnistía para los dirigentes populares judicializados por defender los derechos de sus pueblos.